SAO PAULO.- a presidenta brasileña, Dilma Rousseff, sancionó hoy la ley que autoriza al Tesoro Nacional a traspasar millonarios recursos al estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), pero vetó siete puntos, entre ellos el de la derogación del secreto bancario de la institución.
La sanción de la ley, publicada en el Diario Oficial de la Unión, aprueba una Medida Provisional del Ejecutivo presentada en diciembre pasado que autoriza la transferencia de 30.000 millones de reales (unos 9.865 millones de dólares) al BNDES, la mayor institución de fomento del país.
La oposición pretendía con la derogación del secreto bancario tener acceso a más datos sobre las operaciones del BNDES con los Gobiernos de algunos países, como Cuba, donde el banco estatal brasileño financió las obras del Puerto de Mariel, y Venezuela, al que concedió créditos para la ampliación del metro de Caracas.
Según Rousseff, el BNDES «ya divulga con transparencia activa diversas informaciones sobre sus operaciones, tales como clientes, proyectos y, en el caso de operaciones internas, los valores contratados en cada préstamo».
«La divulgación amplia e irrestricta de las demás informaciones de las operaciones de apoyo financiero del BNDES heriría secretos bancarios y empresarias y perjudicaría la competitividad de las empresas brasileñas en el mercado global de bienes y servicios», justificó la mandataria en el texto de sanción a la ley y sus vetos.
El texto original aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado apuntaba que «no podrá ser alegado sigilo o definidas como secretas las operaciones de apoyo financieros del BNDES o de sus subsidiarias, cualquiera que sea el beneficiario o interesado, directa o indirectamente, incluyendo naciones extranjeras».
Los partidos de oposición cuestionan, por ejemplo, la financiación para la construcción del Puerto de Mariel, con un valor de 957 millones de dólares, de los cuales el BNDES aportó 682 millones.
La jefa de Estado consideró además que la derogación del secreto bancario sería una «inconstitucionalidad formal», debido a que el sigilo de operaciones de instituciones bancarias y financieras es contemplado por la ley.