La congresista de Frente Amplio (FA), Tania Pariona, solicitó hoy viernes que el Poder Judicial concluya con el proceso que se está efectuando a los supuestos responsables de la masacre de Accomarca (Ayacucho), en donde murieron 69 personas hace más de tres décadas.
Asimismo, exigió que se prosiga con el cumplimiento de las reparaciones a favor de los deudos de las víctimas y la construcción de un lugar de memoria apropiado en el lugar en el que se perpetraron los hechos de muerte.
A esos pedidos se sumaron el defensor del Pueblo, Eduardo Vega; el director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; el alcalde provincial de Vilcashuamán, Roger Ochoa; y los congresistas del Frente Amplio, Marisa Glave, Marco Arana, Manuel Dammert, Edilberto Curro, Zacarías Lapa y María Foronda, quienes la acompañaron en conferencia de prensa.
Tania Pariona manifestó que es necesaria una mayor celeridad en la administración de justicia contra los presuntamente responsables del genocidio, al considerar “sistemáticamente se viene dilatando el juicio que están impulsando los familiares de las víctimas de la violencia”.
Explicó que también es necesario que se cumpla con la ley de identificación de las víctimas para que sus restos sean entregados a sus familiares y le den cristiana sepultura.
En ese sentido, se mostró a favor de que haya un lugar de la memoria en Accomarca que sirva de testimonio de los cuestionables hechos ocurridos en esa localidad en la penúltima década del siglo pasado.
Al respecto, el defensor del Pueblo informó que en el transcurso de la próxima semana se reunirá con la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, a fin de analizar sobre el proceso de identificación de los restos de las víctimas y la prosecución de la reparación a los parientes de las víctimas.
De igual modo, Tania Pariona anunció que la bancada del Frente Amplio presentará una reforma legal para que se permita la inclusión de nuevos casos en el Registro de Víctimas de la Violencia, así como llevar adelante una estricta política de fiscalización para el cumplimiento de la estrategia nacional de desarrollo e inclusión social y el plan nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil y prevención de la anemia.
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