La declaratoria del estado de emergencia en nueve provincias de Islay, en Arequipa, fue el último extremo adoptado por el Gobierno, luego de que fallaran los intentos de diálogo con los opositores al proyecto minero Tía María, afirmó el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén.
Sostuvo que el Gobierno ha estado dispuesto en todo momento a tender puentes de comunicación y convocar a las fuerzas vivas del Valle de Tambo y de toda la región Arequipa para una mesa de trabajo que contribuya a superar la tensión y la violencia generada en Islay.
“El Perú es testigo de los esfuerzos realizados por superar los problemas por Tía María. Los remedios a veces son amargos, pero son necesarios. No hubiésemos deseado llegar a este extremo. La declaratoria de emergencia la entendemos como la última ratio y la última razón”, recalcó Gustavo Adrianzén.
Aseguró que la declaratoria del estado de emergencia no constituye ninguna provocación para la población de Islay, sino un “remedio amargo” que permite curar a la democracia cuando esta resulta afectada.
Gustavo Adrianzén añadió que la medida no se dispuso con anterioridad, debido a que la voluntad del Gobierno ha sido siempre agotar de manera progresiva las diferentes instancias y alternativas de solución a este conflicto social.
El ministro recordó que se emitió a inicios de mayo una resolución suprema que autorizaba a las Fuerzas Armadas a ingresar a la zona en conflicto a fin de proteger túneles, puentes, vías principales, estaciones de luz, de agua y el centro portuario.
“Hemos estado actuando siempre de manera persuasiva. Se habían tendido los puentes de comunicación, establecí contactos con las autoridades y actores del conflicto, vi absoluta disposición, pero los violentistas han llegado a tal extremo”, enfatizó Gustavo Adrianzén.
Deploró que, pese a ello y a la insistente voluntad de diálogo, se produjeran escaladas violentistas, enfrentamientos y hasta el uso de dinamita para atacar una comisaría, lo que, precisó, hizo recordar los años más extremos de la violencia que soportó el Perú entre 1980 y el 2000.
Subrayó que en ese contexto se tuvo que declarar el estado de emergencia por 60 días en Islay, tras las protestas contra Tía María. En ese periodo, la Policía mantendrá el control del orden interno en la zona, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Foto Andina.