La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su afiliada, la National Union of Journalists of the Philippines (NJUP), condenan los recientes ataques en las redes sociales contra dos periodistas establecidas en Filipinas. La FIP y la NJUP piden a la administración del presidente Rodrigo Duterte, y en particular al secretario de Comunicaciones, Martin Andanar, que investigue estas amenazas.
La semana pasada, la periodista independiente Gretchen Malalad y la corresponsal de Al Jazeera Jamela Alindogan-Caudron fueron atacadas por sus informaciones críticas con la controvertida campaña antidrogas del gobierno de Filipinas, que ya ha registrado la ejecución de casi Abre el enlace externo en una ventana nueva2.500 personas desde la investidura del presidente Duterte, el pasado 30 de junio. Malalad presuntamente proporcionó información a un periodista de la revista Time sobre las trágicas consecuencias de la política antidroga del gobierno y las significativas conexiones del presidente Duterte con ejecuciones extra judiciales. Alindogan-Caudron ha sido censurada por sus informaciones relacionadas con el grupo islamista radical Abu Sayyaf, establecido en Filipinas. Ambas periodistas han recibido amenazas de violación y de dañar a sus familias.
En un comunicado, el presidente de la NJUP, Ryan Rosauro, ha dicho que “en los medios de comunicación siempre son bien recibidas las críticas por parte de la audiencia, pero las amenazas contra Malalad y Alindogan-Caudron van más allá de la crítica a su producción profesional y son amenazas directas a sus personas».
El presidente ha añadido que “nunca tomaremos ninguna amenaza a la ligera, ya sea relacionada con la agresión física o para silenciarnos, porque ya hemos perdido demasiados compañeros y no ha habido justicia para ninguno de ellos».
Filipinas permanece como uno de los países más peligrosos para ejercer de periodista, con un total de 145 profesionales ejecutados desde 1990.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) expresa serias preocupaciones por la seguridad de aquellas personas que trabajan en medios de comunicación en Filipinas. Este incidente confirma una vez más la necesidad de que el Malacañang, el Parlamento de Filipinas, garantice la protección de los periodistas por un cuerpo especial. Las amenazas enviadas a las periodistas a través de las redes sociales deben ser tomadas en serio por el gobierno y los perpetradores deben ser penalizados adecuadamente con el fin de garantizar la seguridad de los periodistas.