LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, negó hoy que los líderes opositores investigados por la Fiscalía por supuestos delitos sean «perseguidos políticos» y les acusó de intentar eludir a la Justicia con ese argumento.
«Los que se escudan bajo el pretexto fácil de la ‘persecución política’ solo pretenden eludir la Justicia y mantener su impunidad», escribió Morales en su cuenta en Twitter.
Para el gobernante boliviano, quienes se declaran perseguidos son «corruptos confesos» que privatizaron empresas estatales, que ahora «son sometidos a la Justicia» y que, según dijo, «únicamente son perseguidos por su conciencia culpable».
Cuestionó que opositores como el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) o el empresario Samuel Doria Medina hablen de una «persecución política» y aseguró que persecución fue la que sufrió él mismo cuando, siendo diputado, le expulsaron del Parlamento en el 2002 «por órdenes de los EEUU».
«Persecución política era: estado de sitio, detención y confinamiento de dirigentes sociales, falsamente acusados de sedición y narcotráfico», agregó.
Los que se escudan bajo el pretexto fácil de la "persecución política", solo pretenden eludir la justicia y mantener su impunidad.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 15, 2016
Morales se expresó de esta forma un día después de que Doria Medina, quien también lidera a la centrista Unidad Nacional (UN), calificara de un acto de «represión» del Gobierno de Evo Morales la decisión de la Fiscalía de imputarlo por supuestos delitos económicos cometidos hace 24 años.
La acusación tiene que ver con las acciones de Doria Medina cuando fue ministro de Planeamiento entre 1992 y 1993 al haber autorizado la creación de una entidad que transfirió a privados varios millones de dólares causando supuestamente un daño al Estado.
El partido de Doria Medina señaló en un comunicado que es el decimosexto juicio planteado contra el empresario, lo que demostraría que existe «una politización del órgano judicial como medida para contener a los líderes de la oposición».
Esta semana, la Fiscalía boliviana también formalizó una acusación contra el gobernador de la región de Santa Cruz (este), el opositor Rubén Costas, por la supuesta malversación de dinero estatal en la compra de 40 vehículos el 2007.
La acción fue calificada de política por voceros de la Gobernación cruceña, que defendieron que la compra fue legal y tuvo como fin atender emergencias por desastres naturales en Santa Cruz.
En mayo del 2015, el Ministerio Público acusó ante el máximo tribunal de justicia a Jorge Quiroga y al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por haber aprobado supuestamente de forma ilegal varios contratos petroleros.
Quiroga siempre ha rechazado la acusación y ha asegurado ser perseguido por el Gobierno de Morales.
El mandatario boliviano sostuvo hoy que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que «no hay privilegios para nadie, ni para empresarios políticos ni políticos protegidos por el imperio».