MILÁN.-El actual presidente del Pontificio Consejo para la Familia, monseñor Vincenzo Paglia, están bajo investigación por la compraventa del castillo de San Girolamo en Terni.
Asimismo el vicario episcopal de la diócesis de Terni, Francesco De Santis, y el presidente del Instituto diocesano para el sostenimiento del clero, Giampaolo Cianchetta.
La procuraduría de esta ciudad acaba de cerrar las investigaciones que había iniciado hace cuatro años por una serie de irregularidades en el concurso público para la compraventa del castillo, donde el Instituto diocesano resultó el principal beneficiario.
Ahora estos altos jerarcas de la Iglesia deberán contestar por los delitos de asociación para delinquir y otros más relacionados con las irregularidades de la compraventa del castillo, que tienen que ver con operaciones financierias e inmobiliarias realizadas con cuentas corrientes de la diócesis de Terni (Umbria).
Un duro golpe al Vaticano, pues principalmente Vincenzo Paglia, además de ser el presidente del Consejo Pontificio para la Familia, es uno de los representantes más notables de la comunidad de Sant’Egidio. Él fue obispo de dicha diócesis de 2000 a 2012.
Los delitos que enfrenta ahora van desde la asociación para delinquir al fraude y daños a la localidad de Terni, ejercicio abusivo del crédito y apropiación indebida.
LA HISTORIA
Hace cuatro años, el castillo de San Girolamo en Terni fue vendido formalmente por parte de la empresa inmobiliar IMI, pero en realidad había sido realizada utilizando indebidamente dinero de la diócesis de Terni Narni.
De acuerdo a las investigaciones de la procuraduría, el presidente del Consejo Pontificio para la Familia, habría sido uno de los promotores principales del negocio.
Paglia se habría presentado al concurso con otros sujetos, entre ellos, Paolo Zappelli, administrador único de la IMI, también contador de la curia de Terni.
Otro de los sujetos mencionados se trata de Luca Galleti, director de la oficina técnica de la diócesis, y Francesco De Santis, vicario episcopal y en su momento, vocero del obispo.
Ellos, como los demás investigados (entre ellos quien fuera alcalde de Narni, Stefano Bigaroni), tienen 20 días de tiempo para depositar su defensa y pedir ser interrogados por los magistrados que llevan el caso, según reporte de excelsior.com.mx
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