El pleno del Congreso aprobó hoy jueves una iniciativa por la cual se exigirá a todos los funcionarios, servidores públicos y empleados de confianza del sector estatal la presentación obligatoria de una declaración jurada de bienes, ingresos y rentas patrimoniales.
La iniciativa, aprobada por 100 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, forma parte de los planteamientos que la Contraloría General de la República alcanzó al Parlamento para reforzar sus funciones, y que había contado con el visto bueno de la Comisión de Justicia.
Se trata del Proyecto de Ley 23, que proponía extender esta obligación a todo servidor público, con el fin de incrementar los alcances de la fiscalización que realiza el órgano de control, incluso a los mandos medios de la administración pública.
En opinión de Salvador Heresi, presidente de la Comisión de Justicia, la medida es importante porque permitirá que la Contraloría detecte cualquier irregularidad e inconsistencia en lo declarado por los funcionarios, así como cualquier incremento patrimonial sospechoso.
Agregó que, ante este tipo de casos, se podrá tener una herramienta eficaz para ejercer un mayor control de todo el personal que labora en el aparato estatal y, de ser necesario, sancionar con rigor a los malos funcionarios.
“Esto se ha ampliado a todos los funcionarios, servidores públicos, incluyendo los asesores. Es una norma importante ante casos, por ejemplo, de servidores que, ganando muy poco, de pronto aparecen con una nueva vivienda sin mayor explicación”, subrayó el legislador.
De igual forma, permitirá hacer cruces de información que permitan detectar a eventuales testaferros coludidos con los malos servidores del Estado, añadió Heresi.
Según explicó, actualmente solo el 8% de funcionarios y servidores públicos tiene la obligación de presentar esta declaración jurada, no solo al inicio de su gestión pública, sino también durante ella y al término de su función, por lo que esta exigencia “ampliará esta base”.
En caso se consignen datos falsos en las declaraciones juradas o se detecten inconsistencias patrimoniales, los funcionarios serán denunciados penalmente por fraude, falsedad genérica y otros delitos, advirtió el parlamentario de Peruanos por e Kambio (PPK).
Heresi Chicoma consideró necesario que estas declaraciones juradas sean publicadas en las páginas web de las instituciones que contraten a este personal, así como en los portales de transparencia de la propia Contraloría General de la República.
ANDINA