MONTEVIDEO.- Autoridades uruguayas insistieron hoy en su compromiso con los derechos humanos de las personas mayores, después que el país se convirtiera la semana pasada en el primero del continente en ratificar la convención interamericana sobre la protección de los mismos.
«Nuestro país se compromete a tomar las medidas necesarias para adecuar su legislación interna a las disposiciones que esta convención establece y hacer especialmente tenida en cuenta en la adopción de las políticas publicas que afecten a este grupo vulnerable de nuestra sociedad», dijo José Luis Cancela, subsecretario de Relaciones Exteriores.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se congratuló de que gracias al marco proporcionado por la convención, en el que se precisan los derechos, y se les tilda de «vinculantes», el Estado podrá «avanzar con velocidad» en el desarrollo de las políticas públicas.
En un seminario celebrado hoy que contó con la presencia de ambos jerarcas, además de expertos en la materia, los ponentes buscaron contribuir en la promoción de la ratificación de dicha convención.
Asimismo, se presentó una publicación que recoge las experiencias en políticas públicas en materia de envejecimiento y vejez y los futuros desafíos en el marco de la aprobación del documento.
En este sentido, Cancela expresó su deseo por que la convención tenga «un efecto inspirador» para que se «abra camino» en la materia, no sólo a nivel continental, sino en el ámbito internacional.
La Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue ratificada oficialmente por Uruguay el pasado 21 de noviembre, aunque su entrada en vigor no será efectiva hasta que no lo haga un segundo país, en este caso, Costa Rica, que se encuentra próximo a finalizar el proceso.
Además, otros cinco países de la región también se encuentran en vías de adoptar la legislación.
Una vez el documento sea ratificado por un total de díez países, se constituirá una comisión de seguimiento sobre avances en la materia que será presidida por Uruguay.
Entre otros aspectos, la convención «permite el reconocimiento de los derechos de las personas mayores a través de normas especificas de derechos humanos que contribuyen a una mayor elaboración normativa en la legislación y en la jurisprudencia de los estados, así como en políticas de carácter internacional, regional o sectorial».
Recientemente, en línea con su compromiso con los derechos humanos de la tercera edad, las autoridades uruguayas presentaron el Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, que sigue la línea del primer documento implementado entre los años 2013 y 2015.
Este documento establece los alineamientos que articulan las acciones del Estado dirigidas a promover y proteger el ejercicio de derechos de todas las personas mayores y se estructura a partir de los derechos que se proclaman en la convención.
EFE/Foto: redmayor.com