WASHINGTON.- El presidente electo de EEUU, Donald Trump, eligió para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos al congresista por Georgia, Tom Price, acérrimo crítico de la reforma sanitaria del mandatario Barack Obama.
El congresista y cirujano, de 62 años, quien tendrá un rol clave en la sustitución del sistema de salud impulsado por el presidente saliente, anunció que buscará un nuevo plan balanceado para “proteger el bienestar del país y adherirse al espíritu innovador”
De ser confirmado por el Senado, Price jugará un papel clave en los esfuerzos republicanos por revocar y sustituir la actual ley de atención sanitaria, teniendo en cuenta que Trump ha prometido moverse deprisa para reformarla, aunque no ha dado mayores precisiones.
Tras conocerse la noticia, Price indicó que trabajará para lograr un sistema de salud basado en «reglas sensibles», balanceado para «proteger el bienestar del país y adherirse al espíritu innovador».
El congresista Tom Price, acérrimo detractor del Obamacare, fue elegido por Donald Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos
El presidente electo se ha mostrado a favor de mantener las cláusulas que permiten a los jóvenes permanecer amparados por los seguros médicos de sus padres y de impedir que las empresas de seguros nieguen coberturas a las personas con problemas sanitarios previos, especialmente tras la conversación que sostuvo con Barack Obama luego de ganar la elección.
Tom Price ha presidido el Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes durante los dos últimos años y adelantó que cualquier medida de los republicanos para sustituir a la ley sanitaria de Obama, tendría un «parecido significativo» con una medida de 2015 que fue vetada por el presidente.
La Ley sanitaria que impulsó Barack Obama es el blanco de duras críticas de los conservadores republicanos.
Esa medida buscaba derogar algunos de los principales aspectos de la norma sanitaria: la expansión de Medicaid, subsidios para ayudar a los estadounidenses de clase media a contratar pólizas privadas, sanciones fiscales para individuos que se nieguen a contratar cobertura y varios impuestos para apoyar la expansión de cobertura. La medida se aplicaría con una demora de dos años. (ECHA- Agencias)