RÍO DE JANEIRO.- La funcionaria de aeropuerto Celia Castedo, quien evaluó el plan de vuelo del siniestrado avión de Lamia, llegó al pueblo brasileño de Corumba para recurrir a la policía y fiscalía, pidiendo información sobre cómo pedir asilo.
La joven traspuso la frontera tras ser acusada de atentado contra la seguridad de medios de transporte e incumplimiento de los deberes por lo que debía comparecer ante las autoridades judiciales.
Celia Castedo había hecho cinco observaciones al despachador de LAMIA antes del fatídico vuelo que causó la muerte de 71 personas.
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Las serias irregularidades en el plan de viaje fueron advertidas y documentadas por las autoridades bolivianas antes de su partida pero quedaron desestimadas por la tripulación de la nave con una respuesta que intentó llevar calma: «Eso está bien, ahí nomás déjemelo».
Al presentar el plan de vuelo, Álex Quispe, despachador de la aerolínea LAMIA, recibió cinco observaciones por parte de la empleada de la Administración de Aeropuertos boliviana (Aasana) Celia Castedo Monasterio, en la terminal de Viru Viru.
Entre las objeciones, resaltaba que el tiempo de vuelo y la autonomía de la nave eran los mismos, lo que no contemplaba el tiempo destinado ante un eventual desvío o maniobras inesperadas.
Aasana le inició el proceso por no reportar el informe a las autoridades superiores.
El delegado de la Policía Federal, Sergio Luis Macedo, explicó a O Globo que Castedo se presentó en las primeras horas de este lunes en esa institución pidiendo información para gestionar el refugio.
Sin embargo, ella dijo que volvería a la espera de que los funcionarios la atiendan y que mientras tanto iría al Ministerio Público Federal donde se encontraba en horas de la noche, de acuerdo con lo que consigna El Deber.
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La procuradora del Ministerio Público Federal, Gabriela Tavares, confirmó la presencia de la funcionaria de Aasana y de su representante legal, quienes entraron en contacto con la sede de esta institución en Brasilia.
La Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la procuraduría de Corumbá, «va a solicitar a los órganos federales competentes las medidas que corresponden, conforme a las normas internacionales y el derecho brasileño», concluyó O Globo. (ECHA – Agencias)