RÍO DE JANEIRO.- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró hoy su oposición a la enmienda apoyada por varios de sus aliados para reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal en Brasil luego de que el presidente de la Cámara Baja propusiera convocar un referendo para definir el asunto.
El rechazo de la jefe de Estado al proyecto de enmienda constitucional o de referendo fue manifestado por su portavoz y ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Edinho Silva, en una rueda de prensa en la sede de la Presidencia.
«El Gobierno respeta el Poder Legislativo, pero todos saben que la administración de la presidenta Rousseff tiene otra posición. No cree que la reducción de la edad de responsabilidad penal pueda reducir la criminalidad en Brasil», afirmó el vocero en la rueda de prensa que concedió tras una reunión de la jefe de Estado con sus coordinadores políticos y en la que el asunto fue abordado.
Según Silva, esa medida se ha mostrado un fracaso en países que la han adoptado en un intento de reducir la criminalidad.
«Por el contrario. Necesitamos de un cambio en nuestra legislación para que podamos sancionar con más rigor a los adultos que usan a los menores en prácticas criminales», afirmó.
Según el vocero presidencial, Rousseff defiende un amplio debate sobre formas de reducir la impunidad y de sancionar a los adultos que se aprovechan de los menores de edad para cometer crímenes.
La posición de la mandataria al respecto fue recordada un día después de que el presidente de la Cámara Baja, diputado Eduardo Cunha, anunciara que pretende presentar a votación del plenario este mismo mes la enmienda que reduce la edad de responsabilidad penal, que ya fue aprobada por una comisión legislativa.
Colocar ese proyecto en la pauta de votaciones «es un derecho que tengo como presidente de la Cámara. El Gobierno tiene otra posición y no cree que esa enmienda pueda reducir la criminalidad, pero el Gobierno respeta el Poder Legislativo», afirmó en su cuenta en una red social Cunha, que es dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la formación mayoritaria en la coalición de Gobierno.
El presidente de la Cámara de Diputados también defendió que la decisión soberana del Congreso sobre el asunto pueda ser ratificada por la población en un referendo a ser convocado en octubre del 2016, cuando se celebran las elecciones municipales en Brasil.
«Tengo absoluta convicción de que la mayoría de la población es favorable. La Cámara no puede ser rehén de los que no quieren que nada que los contraríe sea votado», afirmó Cunha al referirse a los sondeos que indican que la mayoría de la población aprueba la enmienda y a las iniciativas del oficialista Partido de los Trabajadores, de Rousseff, para impedir su votación.
En un mensaje que publicó en Twitter en abril pasado, Rousseff calificó la iniciativa como un «retroceso» que no resuelve los problemas de seguridad del país ni reduce la delincuencia juvenil.
La mandataria expresó su posición poco después de que la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara le diera luz verde a la enmienda constitucional que permite que pueden ser condenados a prisión jóvenes de 16 y 17 años acusados de crímenes.
Pese a que el PT se opone a la iniciativa, el proyecto avanzó con los votos de gran parte de legisladores afiliados a partidos de centro y de derecha que forman parte de la alianza de Gobierno.
Contra la enmienda también se han pronunciado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unicef.