BUENOS AIRES.- La Justicia argentina intervino hoy la empresa Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y de la que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) es accionista, dentro una causa sobre supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública durante el kirchnerismo.
El magistrado Claudio Bonadio (en la foto) emitió un auto, difundido hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), en el que ordena intervenir la firma Los Sauces y en el que también aparta al primogénito de los Kirchner, Máximo, de la administración de la herencia familiar.
Bonadio designó «interventores informantes» para, entre otras empresas, Grupo Indalo e Indalo Media, de Cristóbal López, y Grupo Baez, de Lázaro Báez -ya detenido por una causa sobre su vinculación en una trama de lavado de dinero-, ambos contratistas de la obra pública de la sureña provincia de Santa Cruz, donde el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) fue gobernador.
La decisión, con vigencia de seis meses, tiene el objetivo de estudiar «toda transferencia o pago efectuado o recibido» desde esas empresas a Los Sauces, a sus socios (Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner) «que acredite o demuestre relaciones comerciales o jurídicas entres las mencionadas».
Según el fallo, durante la investigación «se advirtieron gran cantidad de vinculaciones comerciales y/o financieras y/o laborales entre la familia Kirchner -dueña de Los Sauces- y empresas del grupo de Lázaro Báez, de Indalo propiedad de Cristóbal López y Fabián De Souza y del grupo de Osvaldo Sanfelice -exsocio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios-«.
Para el juez, es «palmario el entrecruzamiento comercial, financiero y jurídico entre los imputados o sus sociedades donde nos podríamos encontrar con actos de lavado de activos de origen ilícito, y que es necesario desentrañar a fin de verificar los extremos de la denuncia, sus ampliaciones y los requerimientos fiscales».
La causa Los Sauces surgió tras una denuncia presentada el pasado abril por la diputada socialista Margarita Stolbizer contra la expresidenta y sus hijos por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con negocios irregulares con empresarios de la construcción.
Cristina Fernández acusa a juez de tener enfermiza animosidad contra ella
Stolbizer considera que Fernández pudo utilizar la empresa para recibir transferencias millonarias de Báez y López, mediante arrendamientos de propiedades.
En noviembre, Bonadio ordenó tasar todas las propiedades de la sociedad y el domicilio de Fernández en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, con el objetivo de conocer «fehacientemente» el valor real de todos los inmuebles.