El Ministerio del Interior anunció el inicio de la campaña ‘La integridad no se negocia’ orientada a combatir la corrupción y evitar los actos deshonestos de los policías y funcionarios públicos del sector.
La campaña se realizará con la ejecución intensiva de operativos en todo el país y buscará prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción en los que incurra un ciudadano durante una intervención policial.
Si un ciudadano ofrece dinero a un policía para que no cumpla con su función puede ir a la cárcel hasta por ocho años, según la normativa vigente.
Al policía que pide, acepta o recibe un donativo, promesa o cualquier otro beneficio para realizar u omitir un acto en desacato de sus obligaciones se lo sancionará con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 10 años e inhabilitación en sus funciones, establece la norma.
En caso de que el acto de corrupción provenga de un conductor vehicular, si estas correspondan al tránsito o seguridad vial, se impondrá a la persona inhabilitación consistente en la cancelación o incapacidad definitiva, según la gravedad del caso, para obtener autorización para conducir.
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