El consorcio concesionario del Gasoducto Sur Peruano, integrado por la brasileña Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero, anunció hoy que espera iniciar los trámites para devolver la concesión al gobierno del Perú tras no conseguir la financiación necesaria para concluir la obra.
La concesionaria Gasoducto Sur Peruano aseguró en un comunicado que «es posible que se declare la terminación de la concesión ante la inminente imposibilidad de lograr el cierre financiero» del proyecto antes del 23 de enero, plazo marcado dentro del contrato de la concesión.
El proyecto Gasoducto Sur Peruano contempla una inversión de 7,328 millones de dólares para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural a lo largo de más de 1,080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea, en los Andes del sur de Perú, hasta el puerto de Ilo, en una concesión privada de 34 años.
El consorcio concesionario afirmó haber hecho «todos los esfuerzos posibles» para dar continuidad al proyecto, cuya construcción tenía un avance del 10.7% en el montaje de las tuberías.
En Perú ya se encuentran el 62% de los ductos que integrarán la instalación y existen veinte campamentos de obra construidos en las sureñas regiones de Cusco y Arequipa para albergar a cerca de 4,000 trabajadores, además de diecinueve puntos de acopio de maquinarias y tuberías.
El consorcio Gasoducto Sur Peruano consideró que el proyecto es fundamental para la seguridad energética de Perú y para la consolidación del desarrollo industrial de la zona sur del país, por lo que deseó que las autoridades peruanas lo puedan redirigir prontamente.
La brasileña Odebrecht es el socio mayoritario de la concesionaria con el 55% de las acciones, seguido de Enagás, que tiene el 25%, y Graña y Montero, con el 20%.
En medio del escándalo por los sobornos entregados a funcionarios peruanos, Odebrecht negoció el año pasado la venta de su participación en el gasoducto con la energética estadounidense Sempra Energy, pero esta se retiró porque el gobierno no quiso cambiar una cláusula anticorrupción del contrato.
El proyecto fue adjudicado al consorcio liderado por Odebrecht y Enagás el 30 de junio del 2014 y el contrato, cuyo valor de inversión es de 7,328 millones de dólares, fue suscrito el 23 de julio de ese año, durante el gobierno de Humala.
EFE/Foto: diariodelcusco.com