BUCAREST.- El escándalo que persiste en Rumania debido a la reciente aprobación de un decreto que despenaliza diversos casos de corrupción provocó hoy la dimisión del ministro de Comercio y Empresa, Florin Jianu.
Según reportaron medios de prensa, la renuncia de Jianu tuvo como detonante el sorpresivo consentimiento del gobierno para evitar el escrutinio del Parlamento y promover la modificación que exime toda actividad delictiva de corrupción y desfalco inferior al monto de 44 mil euros.
Tal fue el alcance de la polémica decisión gubernamental, que alrededor de 250 mil personas se lanzaron a las calles para protestar contra las medidas, las cuales ponen en vilo la estabilidad del gobierno socialdemócrata, liderado por el primer ministro Sorin Grindeanum, poco más de un mes de llegar al poder.
‘Dimito por ética. Para poder mirar a los ojos a mi hijo en el futuro. La dimisión no se debe a mi falta de honestidad profesional porque mi conciencia está muy tranquila en este sentido’, declaró Jianu en el momento de su renuncia.
Por otra parte, el propio presidente Klaus Iohannis admitió que existe un considerable desacuerdo entre el gobierno, el Parlamento y el poder judicial que debe zanjarse por la vía constitucional.
De hecho, hace poco más de una semana, Iohannis emplazó al parlamento bicameral rumano a comenzar los trámites para convocar a un referendo que revoque un proyecto de ley vigente destinado a modificar el código penal actual.
‘Tengo la intención de pedir al pueblo que exprese en referendo su voluntad soberana respecto a continuar la lucha contra la corrupción y asegurar la integridad de la función pública’ un problema de interés nacional, indicó el mandatario mediante un comunicado.
Entre los cambios estipulados por la reforma figura la citada despenalización de delitos por abuso de poder y corrupción en caso de que el daño al Estado sea menor de 44 mil euros, algo que -según el criterio del presidente- es ilógico.
Además, las modificaciones pretenden amnistiar a dos mil 700 condenados por delitos menores y reducir a la mitad la pena a los presos con más de 60 años, independientemente del crimen por el cual fueron condenados originalmente.
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