BRASILIA.- El Gobierno del presidente brasileño, Michel Temer, se enfrascó hoy en una batalla jurídica para defender el nombramiento de un ministro salpicado por corrupción, lo que se ha sumado a sospechas similares surgidas en su base parlamentaria.
La polémica que generó una «guerra» en tribunales comenzó la semana pasada, cuando Temer nombró ministro de la Secretaría General de la Presidencia a Wellington Moreira Franco, quien hasta ahora dirigía un programa de privatizaciones del Gobierno.
Antes, la prensa local aseguró que testimonios de exdirectivos del grupo Odebrecht que colaboran en la investigación de la trama corrupta en Petrobras involucran a Moreira Franco, lo cual no se ha confirmado porque esas declaraciones están bajo secreto judicial.
Sin embargo, un juez de primera instancia atendió una demanda presentada por tres abogados contra el nombramiento, pues supondría darle a Moreira Franco la condición de aforado y sólo podría ser investigado por la Corte Suprema, que en Brasil es mucho más lenta que la justicia ordinaria.
La decisión fue revertida hoy por la Abogacía General del Estado, que en representación del Gobierno alegó que unas meras «sospechas» no podrían impedir que Moreira Franco fuera ministro, lo cual fue aceptado por un tribunal de Brasilia.
La victoria jurídica del Gobierno duró sólo una hora, pues una jueza de Río de Janeiro dio lugar a una acción similar a la anulada y suspendió otra vez el nombramiento de Moreira Franco, que volvió a dejar de ser ministro, al menos hasta que se resuelva otra apelación presentada por el Gobierno.
Brasil: Juez suspende nombramiento de ministro al estar salpicado por corrupción
Tanto en Brasilia como en Río de Janeiro, los demandantes se apoyaron en una cautelar dictada en marzo del 2016 por un magistrado de la Corte Suprema, que impidió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupar un cargo en el gabinete de Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado y reemplazada por Temer.
En ese momento, Lula era investigado por supuesta corrupción, lo que dio lugar al magistrado Gilmar Mendes a aceptar una demanda contra su nombramiento bajo la misma premisa de que le valdría la condición de aforado.
Esa cautelar nunca fue analizada por el pleno del Supremo, al cual Lula se dirigió el lunes para exigir que se corrija lo que calificó de «error histórico».
A ese conflicto jurídico se sumó una denuncia por corrupción de la Policía Federal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, un fiel aliado de Temer que la semana pasada fue reelegido para ese cargo.
Según la denuncia, Maia recibió sobornos de una empresa implicada en el caso Petrobras a cambio de usar su influencia en la Cámara Baja para que se aprobaran materias que favorecían sus negocios.
Maia, del partido de centroderecha Demócratas (DEM), calificó esa denuncia de «absurda», aseguró que demostrará su inocencia y que no cederá a la presión de partidos minoritarios de oposición, que exigieron su separación del cargo mientras es investigado.
Más sospechas surgieron en el Senado, donde el legislador Edison Lobao, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, asumió hoy la presidencia de la influyente Comisión de Constitución y Justicia pese a estar investigado por el Supremo por el escándalo en Petrobras.
Esa comisión de trece senadores, sobre diez de los cuales pesan sospechas vinculadas al caso Petrobras, deberá pronunciarse sobre la propuesta de Temer de postular para la Corte Suprema al ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, quien supliría la vacante abierta por la muerte del juez Teori Zavascki en un accidente aéreo.
Si De Moraes es aprobado por la comisión y luego por el pleno del Senado, ocuparía un puesto en el Supremo y, por normas internas del tribunal, sería revisor del caso Petrobras, que salpica a decenas de políticos de la base oficialista y también de la oposición.
Las denuncias de corrupción han salpicado también al gobernador del estado Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, cuyo mandato fue suspendido el miércoles por el tribunal Regional Electoral por «abuso de poder» y donaciones ilegales en su campaña.
Pezao, que puede permanecer en el cargo mientras no haya una sentencia firme, anunció hoy que recurrirá al Tribunal Superior Electoral y se mostró «muy tranquilo».
EFE/ Eduardo Davis