SANTIAGO DE CHILE.- La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) aprobó hoy la disolución anticipada de Banco Penta, entidad implicada en un fraude al Fisco en el que también están involucrados empresarios y políticos.
El proceso de cierre comenzó hace dos años e implicó la venta de su cartera comercial al Banco de Chile y de la Administradora General de Fondos y la Corredora de Bolsa al Grupo Security.
Asimismo, se desvinculó a cerca de 500 colaboradores, muchos de los cuales fueron reubicados en compañías del sector.
Durante el primer semestre del 2016 se inició un proceso de recompra anticipada de los bonos emitidos y de rescate de los depósitos a plazo, tarea que concluyó exitosamente en septiembre del 2016, con lo cual el banco quedó a esa fecha sin ninguna obligación con el público por los conceptos señalados, según un comunicado de la SBIF difundido hoy.
El gerente general del Banco Penta, Francisco Navarro, explicó que se cumplió con todos los procesos estipulados por la autoridad para liquidar la entidad.
«Después de 12 años de operación hemos llegado a la etapa final de un cierre doloroso, que nada tuvo que ver con la operación del banco, que implicó desvincular a cerca de 500 personas y dejar de atender a los clientes que por más de una década nos acompañaron y recibieron un servicio de excelencia», precisó Navarro en el mismo comunicado.
Para el banco, después de haber pagado todos sus pasivos y compromisos financieros con sus clientes y proveedores, solo le resta que la Comisión Liquidadora devuelva a los accionistas del Banco Penta los cerca de 300 millones de dólares que forman parte del capital.
La venta del Banco Penta, que manejó activos por unos 20,000 millones de dólares, se precipitó luego de que la Fiscalía Nacional formalizara por delitos tributarios a sus controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eurgenio Lavín, que supuestamente incurrieron en reducciones fraudulentas de sus impuestos a la renta para bajar su carga tributaria.
También han sido imputados por soborno por financiar irregularmente campañas electorales a través de la recepción y pago de facturas de honorarios de políticos por servicios nunca prestados.
La investigación del caso ha dado pie a múltiples aristas que incluyen a otras empresas, como la empresa Soquimich.
También desató uno de los principales escándalos políticos del país, en los que se han visto involucrados miembros de la derecha opositora, oficialistas e integrantes del propio Gobierno.