HELSINKI (Finlandia).- El pleno del Eduskunta (Parlamento finlandés) rechazó hoy por amplia mayoría una iniciativa popular que pretendía abolir la ley del matrimonio homosexual, aprobada en la anterior legislatura, antes de su entrada en vigor el próximo 1 de marzo.
La iniciativa, que sumó más de 100,000 firmas -el doble de lo necesario- y contaba con el respaldo del partido ultranacionalista Verdaderos Finlandeses, uno de los tres socios del gobierno, y los democristianos, fue finalmente desestimada por 120 votos en contra y 48 a favor.
De este modo, Finlandia se sumará dentro de doce días al resto de países que permiten el matrimonio civil entre personas del mismo sexo y reconocen también su derecho a la adopción.
Eduskunta (Parlamento finlandés).
Hasta ahora, la legislación finlandesa solo autorizaba a los homosexuales a registrar su unión como parejas de hecho y a adoptar a los hijos biológicos del otro miembro.
La ley del matrimonio homosexual, surgida también a partir de una iniciativa popular, fue aprobada en noviembre del 2014 por un estrecho margen -105 votos contra 92- y dividió a la sociedad finlandesa y a los partidos políticos, que dieron libertad de voto a sus diputados al considerar que se trataba de una cuestión de conciencia.
La ley fue respaldada por los socialdemócratas, los Verdes y la Alianza de Izquierdas, así como por diputados de otras fuerzas políticas, pese a la oposición de los ultranacionalistas, los democristianos y los sectores más conservadores de otros partidos.
La iniciativa ciudadana en favor del matrimonio homosexual había estado apoyada por más de 167.000 firmas y se convirtió en la primera en lograr la aprobación del Parlamento desde la adopción de este procedimiento legislativo en 2012.
Sin embargo, seis meses después los Verdaderos Finlandeses llegaron al gobierno junto a centristas y conservadores e impulsaron una nueva iniciativa popular a favor del «auténtico matrimonio», para tratar de impedir la entrada en vigor de la ley.
Una vez reunidas las firmas, la iniciativa fue tramitada en la comisión parlamentaria de Asuntos Legales, que decidió llevarla al pleno del Eduskunta ante la insistencia de los ultranacionalistas, quienes incluso amenazaron con una crisis de gobierno si la cuestión no era votada en el pleno.
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