BUENOS AIRES.- Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, dos de los tres secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), principal sindicato argentino, amenazaron hoy con convocar una huelga general en marzo si el gobierno no acomete «profundos cambios» en su política económica.
En una entrevista concedida a la agencia oficial Télam, ambos dirigentes rechazaron «la orientación de las políticas económicas, el creciente desempleo y las suspensiones, despidos y cierres de fábricas», al tiempo que tildaron al Ejecutivo de «derecha» y lo acusaron de aplicar políticas «alejadas de lo sindical».
«De no haber respuestas luego de la movilización del día 7 y de continuar las suspensiones, despidos y pérdida del poder adquisitivo, por propio peso habrá huelga», dijo Schmid sobre la manifestación que convocó su gremio para la el 7 de marzo como toque de atención al Ejecutivo de Mauricio Macri.
«En diciembre, el gobierno y los empresarios tuvieron una actitud irresponsable. Una buena señal hacia la CGT sería ahora la reincorporación de todos los despedidos y suspendidos», ahondó Schmid, colíder de un sindicato que hasta ahora no le planteó muchos problemas a Macri.
Según la CGT, el distanciamiento entre el sindicato y la Casa Rosada nace de las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo, que Schmid considera que «se instrumentaron casi sin compensaciones y motivaron la actual confrontación».
«El real problema de fondo es que el Ejecutivo no comparte el diagnóstico de la central obrera», apostilló Daer, quien se muestra alejado del optimismo que plantean en la Casa Rosada de cara a 2017: «La realidad es crítica y sigue cayendo. No hubo inflexión desde el último semestre de 2016 y no rebotaron ni la economía ni el empleo».
Aunque para Schmid este gobierno tiene «el mejor equipo de gestión en años», la «seguidilla de errores» de las últimas semanas demuestra que su visión está en las «antípodas sindicales«.
En las últimas semanas, el Ejecutivo tuvo que recular en una serie de polémicas decisiones: primero, firmó un decreto que rebajaba las pensiones a los jubilados y que finalmente dejó sin efecto, y, poco después, la Fiscalía denunció un polémico acuerdo del gobierno con el grupo empresarial del padre del presidente.
Concretamente, una fiscal que interviene en el proceso judicial del concurso de acreedores del Correo Argentino, cuyos accionistas son familiares del presidente Mauricio Macri, cuestionó con dureza el acuerdo que en junio pasado el Ministerio de Comunicaciones alcanzó con la empresa por una deuda millonaria con el Estado pendiente desde 2001.
La fiscal alegaba perjuicio económico para el Estado a raíz del arreglo y conflicto de intereses por tratarse de una empresa subsidiaria del grupo Macri.
Ante la polémica y tras varias explicaciones oficiales que fueron insuficientes para la oposición, Macri compareció en una rueda de prensa, reconoció que hubo errores en la «difusión de lo que se estaba haciendo» y ordenó la firma de un nuevo acuerdo.
En un año electoral clave para el gobierno y con gran parte de la población ahogada por la recesión económica, la amenaza de la CGT se perfila como un ultimátum que, reconocen, puede frenarse si hay cambios políticos: «El gobierno deberá comprender que el diagnóstico de la CGT es correcto. De lo contrario, habrá más protestas»
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