Gobierno argentino rescinde contrato de emisión de fútbol en TV

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El Gobierno argentino oficializó hoy el pago de 350 millones de pesos (22.65 millones de dólares) a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la rescisión del contrato del programa Fútbol Para Todos, por el que los partidos se emitían desde 2009 a través de canales de televisión abierta.

La decisión fue publicada hoy en el Boletín Oficial y ratifica la «rescisión bilateral» del pasado 24 de febrero del contrato entre el Ejecutivo y la AFA para la transmisión de espectáculos de fútbol de forma gratuita, cuyo origen se remonta a agosto del 2009, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

«Las partes acordaron la entrega de 350 millones de pesos por parte del Estado a la AFA en virtud de la rescisión que se acuerda y conforme a los derechos y obligaciones de ambas partes», añade la publicación oficial.

La AFA acordó con el gobierno transferir a los clubes la totalidad del dinero que reciba.

Tras esta rescisión, la AFA sacó a licitación la emisión de los partidos, y el pasado 20 de febrero se conoció que el grupo de comunicación español Mediapro y las estadounidenses ESPN y Fox/Turner presentaron sus ofertas para hacerse con los derechos, que todavía no han sido adjudicados.

De momento, el millonario pago del Gobierno al máximo organismo del fútbol del país se oficializa en plena crisis del fútbol argentino.

No obstante, aún hoy se desconoce cuándo arrancará el torneo de Primera División, cuya reanudación estaba prevista para este viernes, luego de que Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) llamase a una huelga hasta que no se cancelen las deudas salariales que mantienen los clubes con los planteles de todas las categorías.

Según añadió la agencia estatal de noticias Télam, el sindicato de futbolistas advirtió que el desembolso de los 350 millones de pesos por parte del Gobierno no alcanza para saldar esas deudas.

La AFA está dirigida desde mediados del 2016 por una comisión creada por la FIFA y la Conmebol que tenía entre sus tareas la conformación de un nuevo estatuto, definido en asamblea el 24 de febrero, acorde a las normas de estos organismos, y la realización de elecciones presidenciales.

 

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