JERUSALÉN/Israel.- El periodista palestino Muhamad al Qiq, preso en Israel por participar en una protesta en Cisjordania, abandonó hoy la huelga de hambre que comenzó el pasado 6 de febrero tras llegar a un acuerdo con este país por el que será liberado a mediados de abril.
El Club de Presos Palestinos informó hoy de que no tenía una fecha exacta para su liberación, según la agencia local palestina Maan.
El periodista fue detenido a mediados de enero después de participar en una protesta en el distrito de Belén para exigir la devolución de cadáveres de atacantes y presuntos atacantes palestinos en poder de Israel.
Desde entonces está bajo «detención administrativa», una polémica condición legal por la que el detenido ni es liberado ni es llevado a juicio, y que es motivo de condenas por la comunidad internacional y grupos de derechos humanos.
El 6 de febrero se declaró en huelga de hambre para exigir su liberación, y el pasado miércoles, tras perder doce kilos, fue trasladado a un centro médico en Israel.
Natural de la ciudad de Dura, en el distrito cisjordano de Hebrón pero residente en Ramala, Al Qiq ya había protagonizado otra huelga de hambre el año pasado, cuando estuvo también bajo arresto administrativo por instigación a la violencia a través de los medios de comunicación, en la ola de ataques que comenzó en octubre del 2015.
Israel: Peligra vida de periodista preso en huelga de hambre
Al Qiq solía participar y comparecer en los medios alineados con el movimiento islamista Hamás y criticar abiertamente a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) porque sus fuerzas de seguridad arrestaban a activistas islamistas para tratar de frenar la ola de violencia.
Según publicó entonces el diario israelí Haaretz, fue detenido por el servicio de inteligencia interior de Israel (Shabak) por su presunta relación con actividades terroristas relacionadas con Hamás, aunque Israel nunca presentó cargos contra él.
Según la organización de derechos humanos Adameer en enero pasado había en prisiones israelíes unos 6,500 palestinos, de los que 536 estaban en arresto administrativo.