ALEMANIA.– El gobierno federal alemán ha propuesto imponer multas de hasta 50 millones de euros a las compañías detrás de las redes sociales que no eliminen contenido relacionado con discurso de odio, contenido ilegal y por último contenido falsificado con motivos políticos, más conocido como “noticias falsas”.
La propuesta llega desde el Ministerio de Justicia. Su titular, Heiko Mass, miembro del Partido Socialdemócrata (SPD) alemán, socio en el ejecutivo de los democristianos (CDU) de Angela Merkel. La nueva proposición multiplica por 100 la multa máxima por cada una de estas infracciones, en diciembre, altos cargos del SPD alemán iniciaban pasos legislativos para crear un marco legal donde las multas fueran de tan solo 500,000 euros.
En caso de que la legislación sea aprobada por el Bundestag durante los próximos meses, seguramente acabe siendo contestada en los tribunales alemanes y europeos por Facebook y Twitter, que han demostrado en anteriores ocasiones estar en disconformidad con estas medidas.
Tanto Facebook como Twitter tienen plataformas y medidas establecidas para colaborar con las autoridades de cada país, dentro de los marcos legales. El gobierno alemán lamenta que tan solo “el 1% de las peticiones que hacemos a Twitter acaban en contenido borrado”, para Facebook esa cifra es del 39%.
Es por ello que el Ministerio de Justicia quiere elevar la presión hacia estos proveedores para que hagan más, y más rápido.
El contenido compartido en plataformas como Facebook o Twitter es fácilmente analizable y se puede informar rápidamente tanto a las autoridades como a los responsables de las compañías. La creación de un marco de actuación más sólido ayudará a acabar con este problema a largo plazo, pero queda otro gran problema: WhatsApp.
La inmensa mayoría de alemanes, y de europeos, con conexión a Internet utiliza WhatsApp. La plataforma cuenta con sistemas matemáticos que cifran el contenido que circula por sus servidores en tránsito entre un smartphone y otro, es decir: Facebook, la compañía que es dueña de WhatsApp, no podría realizar apenas ninguna medida técnica para prevenir que contenido declarado ilegal sea compartido a través de WhatsApp.
¿Qué tipo de legislación se implementará entonces? Una posibilidad es que se fuerce a las compañías detrás de las plataformas de mensajería cifradas a eliminar el propio cifrado matemático que protege la información. Algo que chocaría con la tradición y derechos constitucionales de muchos ciudadanos, y se crearían complicaciones de diversa índole tanto a nivel de espionaje masivo como de filtrado de información. Es peor el remedio que la enfermedad.
De salir adelante, estas medidas serán similares al controvertido “derecho al olvido” que obligaba a motores de búsqueda a eliminar ciertos resultados que podrían resultar dañinos para la imagen o integridad de determinadas personas.
En este caso, la decisión vino por parte de los tribunales españoles, que fue respaldada por instancias europeas. Pronto, y a pesar de las quejas de Google y del gobierno de Estados Unidos, otros países como Japón empezaron a establecer marcos legales similares.
Aunque el “derecho al olvido” tiene que ver con la privacidad, ambas decisiones tratan con el poder de los estados para eliminar o suprimir el derecho de información de sus ciudadanos, así como la libertad de expresión.
Álex Barredo/La Vanguardia