WASHINGTON (EEUU).- El comisionado de la CIDH Paulo Vannuchi dijo hoy a México que si pudo capturar al narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, «con la misma determinación» puede encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el 2014.
«Un Estado que ha demostrado la capacidad de accionar mecanismos para capturar al ‘Chapo’, es un Estado que puede ubicar los nombres de los desaparecidos», afirmó el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia pública sobre el caso Ayotzinapa en su sede de Washington.
«Si (el Estado) pone la determinación que ha puesto en el caso del ‘Chapo’, podrá encontrar los nombres de los asesinos y hallar a los desaparecidos», agregó el comisionado.
Varios padres y madres de los estudiantes desaparecidos denunciaron en la audiencia que el Estado de México miente para proteger a sus funcionarios y pidieron a la CIDH que mantenga su mecanismo de seguimiento del caso porque es su «única esperanza» de saber la verdad de lo ocurrido y el paradero de sus hijos.
Por su parte, la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de México, Sara Irene Herrerías, aseguró que el Gobierno está usando todos los mecanismos a su alcance para avanzar en la investigación.
Pero reconoció que «todos los esfuerzos no serán suficientes hasta saber dónde están los estudiantes desaparecidos y quiénes fueron los responsables».
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, reafirmó a los familiares de los estudiantes que «no están solos» porque el organismo está comprometido con la «continuidad y perfeccionamiento» de la investigación.
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En este sentido, pidió al Estado mexicano más celeridad, después de haber afirmado en declaraciones a los periodistas hace una semana que la CIDH no está satisfecha con sus respuestas sobre el caso y que es «frustrante no tener noticias sobre localización y paradero de los estudiantes pasados más de dos años» de su desaparición.
En la audiencia se vivieron momentos de emoción y tensión, con llantos de los familiares de los desaparecidos durante sus exposiciones y cánticos de «porque vivos se los llevaron, vivos los queremos».
Algunos de los familiares despidieron además a la delegación del Gobierno con un «espero que puedan dormir tranquilos».
De acuerdo con la versión oficial divulgada hasta ahora, rechazada por los familiares de las víctimas y cuestionada por los expertos internacionales, los 43 estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre del 2014 por policías en el municipio de Iguala, en el estado sureño de Guerrero.
Fueron entonces entregados a una célula del grupo criminal Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero en el municipio vecino de Cocula, antes de tirar sus cenizas a un río.
Hoy los representantes del Gobierno dijeron que esta es solo una de las líneas de investigación, pero evitaron explicar cuáles son las otras, en declaraciones a los periodistas tras la audiencia.