WASHINGTON.- Organizaciones de la sociedad civil de Argentina denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno argentino criminaliza a los inmigrantes con un nuevo decreto que facilita la deportación de aquellos que cometen cualquier tipo de delito, incluso uno menor.
«Toda persona extranjera que ingresa al sistema penal puede estar sujeta ahora a un trámite de deportación, algo que afecta igual a la protesta social o la venta ambulante que al tráfico de drogas», explicó a los periodistas Diego Morales, de Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al término de la audiencia.
La sesión se convocó a solicitud de la CIDH por su preocupación sobre un decreto, refrendado por el Congreso argentino en febrero, que modifica la ley de migraciones para prohibir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y facilitar la deportación de los que cometan delitos.
El Decreto de Necesidad y Urgencia «permite la cancelación de la residencia por cualquier delito, incluso los de penas menores a tres años, que no incluía la normativa anterior, por ejemplo un robo», indicó en la sesión Gabriela Lisvori, de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF).
«Por tanto, se da un castigo mayor a los migrantes que cometen estos delitos, que generalmente están en situación de pobreza, pero no modifica sobre delitos mayores como la trata de personas o el tráfico de drogas, a los que ya se les expulsaba», agregó.
Morales denunció además que con el nuevo decreto se reducen los días para la estrategia de defensa del migrante a solo tres.
El defensor de derechos humanos aseguró que el Gobierno justifica el decreto en un «diagnóstico equivocado» porque los extranjeros «no están sobrerrepresentados en el sistema carcelario», sino que se mantienen en un porcentaje de en torno al 5 % «desde hace más de una década».
Las organizaciones consideran ofensivo que se les atribuya a los inmigrantes «la responsabilidad nacional de la delincuencia» y denunciaron que el decreto los criminaliza.
Además, subrayaron, se les expone «al brote xenófobo que ya se ha generado en la sociedad argentina» y no se les tiene en cuenta «porque son el blanco más fácil», ya que «no tienen voz en las urnas».
El subdirector nacional de inmigraciones de Argentina, Julián Curi, indicó que «la necesidad de urgencia del decreto» se sustenta en que «lo prolongado de los procesos de cancelación de residencias generaba un nivel alto de reincidencia».
«Quienes no eran expulsados y habían cometido un delito, reincidían», señaló.
El director nacional de migrantes, Horacio José García, apuntó que en el marco del «notorio crecimiento del tráfico de migrantes, se veían favorecidos por los plazos anteriores».
Asimismo, defendió que Argentina sigue siendo un país abierto a la inmigración y que, «en un mundo que se cierra», el país suramericano «hace un esfuerzo superlativo en honor a la historia migratoria que tiene».
La CIDH se comprometió a seguir este tema pero prefirió no pronunciarse al respecto todavía, según explicó a los periodistas su presidente, Francisco José Eguiguren Praeli