ESTRASBURGO (Francia).- Un informe del Consejo de Europa (CE) publicado hoy asegura que el 53% de los periodistas europeos han sufrido acoso en Internet, mientras que el 69% han sido víctimas de violencia psíquica (intimidación, amenazas, calumnias y humillaciones) durante el ejercicio de su trabajo.
El estudio «Injerencia injustificada, miedo y autocensura: ¿Parte del trabajo de los periodistas?» se basa en una encuesta realizada a 940 periodistas de los 47 estados miembros de la organización paneuropea y Bielorrusia, entre abril y junio de 2016.
Un tercio de los encuestados aseguró haber sido víctima de agresiones físicas, y el mismo porcentaje declaró inquietud por la seguridad de su familia.
Las amenazas físicas (46%), la intimidación de partidos políticos (43%), la vigilancia (39%), la intimidación policial (35%) y el robo, confiscación o destrucción de bienes profesionales (21%) son las intromisiones más comunes declaradas por los encuestados.
Un 23% de los periodistas asegura haber sufrido intimidaciones judiciales, como arrestos, amenazas de enjuiciamiento y procesamientos relacionados con las leyes sobre difamación, durante los tres últimos años.
El grado de autocensura lo revela el hecho de que un quinto de los encuestados declararon sufrir presiones «para presentar las noticias de la manera más conveniente al empleador».
Por ello, un 31% se vio obligado a endulzar temas polémicos, el 23% a retener informaciones y el 15% a abandonar ciertas historias.
El 36% dice que las presiones «les incitó aún más a hacer frente a la censura«.
Entre los casos que cita el estudio sobre leyes restrictivas, se encuentra la Ley española de Seguridad Ciudadana «que permite al gobierno sancionar a periodistas por fotografiar o grabar a policías en el ejercicio de sus obligaciones».
El informe recomienda un mecanismo de control efectivo para medir las injerencias económicas, políticas y judiciales a periodistas, e identificar y solucionar el aumento de los ataques a la integridad física y el hostigamiento a profesionales de la información.
El estudio ha contado con el apoyo de la Asociación de Periodistas Europeos (AEJ), la Federación Europea de Periodistas (EFJ), Index of Censorship, el Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI) y Reporteros sin Fronteras.
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