BUENOS AIRES (Argentina).- El Papa Francisco envió una carta a la diputada argentina del Mercosur Milagro Sala, detenida desde enero del 2016 acusada de corrupción, en la que dice comprender su «dolor y sufrimiento» y confía en que se resuelva todo «bien y pronto», informó hoy el grupo que lidera la también activista.
«Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto», señala la misiva del pontífice a su compatriota, considerada por parte de la oposición argentina una «presa política» en el Gobierno de Mauricio Macri.
«Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí», concluye Francisco en el escrito, fechado el 5 de mayo, manuscrito y con un sello del Vaticano.
La carta fue divulgada por la organización barrial Tupac Amaru -fundada por Sala- y es respuesta a otra enviada al Papa por la diputada del Mercosur, quien se encuentra en prisión preventiva en un centro de la norteña provincia de Jujuy por varios delitos.
«Me ha emocionado mucho que nos tengan en cuenta. Jujuy es una provincia muy chiquita y la están teniendo en cuenta toda la Argentina, en toda Latinoamérica por las cosas que están pasando. Con lo que sucede en Brasil, en Venezuela, y que el papa piense aun así en nosotras es muy admirable», expresó Sala según la Tupac Amaru.
Poco después de ser detenida, el papa envió a la activista, a través de un intermediario, un rosario bendecido.
Líder indígena e integrante del peronista Frente para la Victoria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), Sala fue arrestada en Jujuy, provincia donde reside, por presunta instigación al tumulto durante una protesta contra el gobernador jujeño Gerardo Morales.
Por ese caso un juez ordenó liberarla, pero siguió en la cárcel por delitos de defraudación a la administración pública, asociación ilícita y extorsión.
La investigación apunta a un manejo irregular de fondos que con el fin de construir viviendas sociales concedió el Estado a Tupac Amaru, un movimiento entre cuyos objetivos se encuentra la construcción de infraestructuras para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina, considerada la más pobre del país.
Mientras Sala y sus seguidores insisten en que es una «presa política» del Gobierno provincial y nacional, ambos del mismo color político, el Ejecutivo de Macri reitera que es la Justicia la encargada de determinar el futuro de la activista.
Su arresto ha sido en los últimos meses fuertemente cuestionado por organismos como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.