Los 25 dirigentes de cuatro cuencas amazónicas, ubicadas en la selva norte de Perú, exigieron hoy al gobierno peruano que se realice la consulta previa antes de la licitación del lote petrolero 192 para asegurar la remediación ambiental en su territorio y evitar el retorno a las protestas.
En rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima, el apu (líder) de la cuenca del río Marañón, Alfonso López, explicó que las organizaciones indígenas han tomado el acuerdo de movilizarse porque «si no tomamos acciones radicales, no nos hacen caso».
«Hemos acordado unificar fuerzas para presionar al gobierno para pedir el respeto a la consulta previa, frente a la licitación por 30 años del lote 192», agregó.
El lote 192 es el más grande del país, con una extracción diaria de 11.000 barriles de crudo, que estuvo bajo la explotación de la argentina Pluspetrol entre el 2001 y 2015, cuando una gran protesta de comunidades nativas forzó su salida al final de su contrato.
Las comunidades han reclamado además por una decena de derrames de crudo en los últimos años y la reinyección del agua salada, producto de la explotación, para evitar que se extienda la contaminación de los ríos, dado que los pobladores se dedican a la pesca y a la agricultura en sus riberas.
El ministerio de Energía y Minas aprobó un contrato de servicios con la empresa canadiense Pacific, que concluye este año, y está facultado para adjudicar el lote a otra compañía por un periodo de 30 años.
El apu de la cuenca del río Pastaza, Aurelio Chino, dijo que su territorio «está destruido desde 1970» cuando comenzó su explotación a cargo de la empresa estadounidense Oxy (Occidental Petroleum).
«Ningún gobierno se ha preocupado por nosotros, por nuestra salud, así que empezamos a decir al Estado: respétame, soy indígena pero respeta nuestros derechos», expresó Chino.
El dirigente nativo confió en que hoy los apus tengan una respuesta positiva del Estado, durante la reunión que sostendrán en el ministerio de Vivienda, respecto a la consulta previa que reclaman.
«Quiero vivir con mis hijos, en un lugar sano, sin contaminación, esperemos que nos respeten, si no, vamos a levantarnos nuevamente, nuestros hermanos sacarán sus lanzas nuevamente para defenderse», afirmó Chino.
Por su parte, el apu de la cuenca del río Corrientes, Carlos Sandi, remarcó que no están en contra de la explotación petrolera, pero insistió en que «tiene que haber un cuidado del medioambiente, alguien tiene que asumir los pasivos que han dañado nuestro territorio».
En la práctica, «el Estado sólo invierte en las grandes ciudades, como Lima, pero los pueblos indígenas estamos en la pobreza, no hay nada», señaló.
Los dirigentes que acuden a la cita con el gobierno representan a 12,000 habitantes nativos en la cuenca del Marañón, 10,000 habitantes en el Pastaza, 11.000 en el Corrientes y unos 7,000 nativos en la cuenca del río Tigre.
El apu de la cuenca del Tigre, Emerson Sandi, explicó que sus padres fallecieron por la contaminación del agua y se quejó de que todas las empresas que han explotado el lote son responsables de los pasivos ambientales.
Sandi dijo que el estado de abandono de las comunidades nativas ha provocado que sus pobladores no tengan posibilidades de tener educación profesional y que, por ese motivo, han acudido a la cooperación de Naciones Unidas para realizar un estudio técnico que determine la necesidad de la remediación ambiental.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es el encargado de elaborar el Estudio Técnico Independiente sobre la remediación del lote 192 con fondos del ministerio de Energía y Minas.
EFE/Foto: consulta.pe.com