El ex ministro de Justicia y constitucionalista Víctor García Toma advirtió que, de confirmarse el fallo del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de la llamada ´Ley Antitránsfuguismo‘, el Congreso deberá acatar la norma.
“No hacerlo implicaría un quiebre del Estado de Derecho» señaló el jurista ante las declaraciones contrarias formuladas por legisladores de la oposición que impulsaron esta medida actualmente en vigencia.
El tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Mauricio Mulder, aseguró que el Parlamento no está obligado a acatar el fallo que emita el TC respecto a la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley antitránsfuga.
El legislador señaló que el Legislativo se regula por su propio reglamento y la eventual resolución oficial del órgano supremo de justicia, a su parecer, va contra este principio.
“Lo que creo es que ese fallo no se puede cumplir porque para poder nosotros establecer lo que ellos manifiestan tendríamos que modificar el Reglamento y no estamos obligados a votar en el sentido que ellos quieren”, anotó.
García Toma precisó que en el supuesto de que esta resolución sea cierta y que parte de las normas cuestionadas hayan sido declaradas inconstitucionales, estas son expulsadas del ordenamiento jurídico.
“En consecuencia, ya no tienen valor ni efecto jurídico alguno y en las próximas publicaciones del Reglamento Interno del Parlamento ya no deberían aparecer”, acotó-
“Publicada la resolución del Tribunal Constitucional en el diario oficial El Peruano, esta tiene efectos inmediatos. En consecuencia, a partir de la fecha desaparecería todo impedimento a los congresistas a hacer uso de los derechos que les habrían sido recortados”, explicó.
“Si la norma antes no me permitía, por ejemplo, constituir una bancada, a partir de la fecha puedo hacerlo.
“El Parlamento, como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el propio TC, se remite finalmente a ser obediente al mandato de la Constitución y esta dispone que le corresponde al tribunal determinar qué normas son constitucionales o no. (…) Todos los órganos del Estado y los ciudadanos estamos obligados a cumplir esa resolución que tiene carácter de cosa juzgada»
«No hacerlo sería un quiebre del Estado de Derecho. Que un poder del Estado se niegue a aceptar las resoluciones que han sido dictadas al amparo de la Constitución por otro órgano del mismo Estado implicaría la ley de la selva», enfatizó. (ECHA)