BARCELONA.- La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado dos querellas contra el presidente regional, Carles Puigdemont y su administración y los miembros de la Mesa que tramitaron las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.
La denuncia es por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación (último delito que implica penas de prisión) por convocar el referéndum del próximo 1 de octubre, tras la autorización aprobada por el parlamento catalán.
La Fiscalía presentó al a mediodía ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) las querellas criminales por la convocatoria de referéndum del 1 de octubre y los miembros de la Mesa del Parlamento que facilitaron la tramitación de la ley del referéndum.
El Fiscal general del Estado, José Manuel Maza, afirmó que estas acciones se hacen «en defensa de la legalidad y del derecho, ante la gravedad de la situación generada en la Comunidad de Catalunya, provocada por la Generalitat que actuó “en violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía y desobedeciendo frontalmente los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional».
Asimismo cursó un oficio en el que ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra en las cuatro provincias catalanas que intervengan en el caso de la celebración del referéndum interviniendo si es necesario «los efectos del delito», en referencia a las urnas, y elaborando el correspondiente atestado ante «cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares».
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Así se señala en el escrito remitido por Maza tanto al fiscal superior de Cataluña como a los fiscales jefes provinciales, en cumplimento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió la noche de este jueves la ley de referéndum y la convocatoria de la consulta independentista del próximo 1 de octubre.
La querella contra la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa se interpone por «su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales».
La Fiscalía les achaca delitos de «desobediencia grave cometida por autoridad pública», prevaricación y malversación, este último tipificado con penas de prisión.
La Fiscalía pide que se tome declaración como investigados a Carme Forcadell , Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, de Junts pel Si, y Joan Josep Nuet, de Catalunya Si Que Es Pot, entre otros.
La Fiscalía afirma que «en ningún caso pueden los querellados excusarse en el privilegio de la inviolabilidad», ya que esta «no alcanza a cualquier actividad delictiva que comentan los parlamentarios».
Por otra parte, la Fiscalía ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando «una apariencia de cobertura legal» al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el referéndum. (ECHA- Agencias)