MANAGUA/Nicaragua.- El gobierno nicaragüense reclamó hoy a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por convocar a las audiencias públicas en las que se determinará si hay fundamento para denunciar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).
«El gobierno de la República de Nicaragua deja claramente sentado su desacuerdo con la iniciativa de convocar a audiencias públicas los días 14 y 15 de septiembre del 2017», señaló el Ejecutivo nicaragüense en una nota de prensa.
«Esta acción va en contravención de la naturaleza y propósitos para los que esta Organización fue concebida», argumentó.
En la sesión de hoy testificarán representantes de la sociedad civil venezolana ante el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado en julio pasado como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Esta es la primera vez que la OEA, con sede en Washington, impulsa una actividad de este tipo y lo hace a iniciativa de Almagro, no de los Estados miembros.
En su nota, el gobierno nicaragüense observó que diversos países no reconocen la jurisdicción de la CPI, como Estados Unidos y Nicaragua, y que más de 31 Estados firmantes aún no han ratificado este instrumento.
«Nicaragua, al no ser Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no puede aceptar bajo ninguna circunstancia el que se impulsen iniciativas que estén relacionadas con este instrumento», alegó.
«Insistir en esta dirección es pervertir la esencia y funcionamiento de esta Organización y es tratar de imponer a Estados no parte de este instrumento procedimientos y acciones que no les son aplicables», continuó.
Por tanto, Nicaragua rechazó esa iniciativa de convocar a unas audiencias públicas «por tener vicios de nulidad ad initio y por contravenir los principios del Derecho Internacional y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados».
«Queremos dejar en claro que la OEA no es una extensión de la CPI, nadie ha erigido a este Organismo en un Tribunal de Alzada Internacional, ni ha recibido ningún mandato de los Estados miembros de esta Organización para este propósito, ya que no es un órgano competente para este fin, ni mucho menos tiene mandato alguno de las Naciones Unidas», denunció.
El Ejecutivo nicaragüense anotó que la OEA «no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros».
Asimismo, consideró que la OEA debe de circunscribir sus actuaciones a lo establecido en su Carta fundacional, «por lo que hacemos un llamado a la cordura, a que se preserve la institucionalidad de la Organización y a que se respete la personalidad, soberanía e independencia de los Estados».
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También que «se promueva la buena fe que debe de regir las relaciones entre los Estados, respetando el derecho de todo Estado de elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga».
Mañana está prevista otra audiencia similar, en la que testificarán militares venezolanos exiliados.
Si Ocampo y el resto de expertos concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso ante el tribunal o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya (Holanda).
Las audiencias se celebran en el gran salón de actos de la OEA, el Salón de las Américas, donde se han dispuesto cuatro mesas formando un cuadrado: una para Ocampo y la Secretaría General, otra para los denunciantes y dos para los Estados.
EFE/Foto: eluniversal.com