En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se recordó que Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, fueron destituidos del Tribunal Constitucional (TC), en 1996, por parte del Congreso que tenía una mayoría fujimorista, dijo Marianella Ledesma, vicepresidenta del TC.
“La CIDH les ha hecho revivir casi temas que en la década del noventa generó en ellos. Hay que recordar que tres magistrados del TC fueron destituidos hace 20 años, y fueron a la misma Comisión a la que hemos ido hoy, aunque esa vez fueron en calidad de destituidos. Ahora hemos ido en calidad de quienes están todavía en ejercicio del cargo, pero con la probabilidad de ser destituidos”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“La Comisión se remitió a la CIDH y esta ordenó la reposición de los magistrados peruanos y una indemnización. Nosotros hemos ido para hacer recordar ese antecedente en la jurisprudencia de la Corte, y además porque el otro caso por el que nos denuncian, el de El Frontón, es uno en el que la Corte también ya ha participado”, dijo.
La magistrada recordó que los dos casos que se traen a colación en este caso, es el del TC versus Perú y el caso Durand y Ugarte, El Frontón, amos con antecedentes de pronunciamientos en los que la Corte Interamericana intervinieron.
Precisó que la presencia de los magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinoza y la de ella en la CIDH es institucional. Argumentó que, si bien promovió el pedido ante la CIDH en calidad de vicepresidenta, el mismo fue acogido por el pleno del TC y se designó una comisión para la audiencia temática en la que se iba a poner en discusión la amenaza a la independencia judicial.
“Es un tema institucional para defender lo más preciado que tiene un juez, que es su independencia. Advertimos que en un caso donde se está ejecutando la sentencia del caso El Frontón por mandato de la CorteIDH, y se plantea una acusación constitucional y se admite a trámite esa acusación, a pesar de que en el tribunal no se ha resuelto el caso”, señaló.
“Esto es una medida de amedrentamiento, es una amenaza, porque las veces que hemos tenido que resolver casos que tengan una implicancia directa o indirecta con los miembros del Congreso, siempre han sacado a relucir que hay una acusación constitucional pendiente, y esta se revive y se le da cierta dinámica cada vez que tangamos que resolver algo”, indicó.
Amenaza al TC
Declaró que la alusión por parte de congresistas de que hay magistrados del TC investigados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso busca recordar que está pendiente de resolver una acusación en su contra, y que su permanencia podría alterarse.
“Yo estoy segura de que a ninguno de mis colegas magistrados le van a impactar esas amenazas, pero no es agradable, y no es un buen mensaje a la ciudadanía que los magistrados del TC tengan que estar sometidos a estas amenazas. Sobre todo, porque el tema de El Frontón no está cerrado en nuestro tribunal”, precisó.
“Tenemos un amparo constitucional y convencional. Constitucional porque la Constitución señala que uno no es responsable por los votos o las opiniones en función jurisdiccional que emitamos. Y a nivel convencional, el Pacto de San José nos garantiza actuar con independencia para poder trabajar con imparcialidad”, declaró.