La «asignatura pendiente» de los estados latinoamericanos al cierre de 2017 es el «respeto y garantía» de los derechos humanos, dijo hoy en El Salvador en una entrevista con Efe Alejandro Valencia, experto y miembro de la Comisión de la Verdad de Colombia.
«Desafortunadamente sigue siendo una asignatura pendiente lograr un respeto y garantía de los derechos humanos de una manera más integral» y «es un reto en el que tenemos que seguir trabajando», sostuvo Valencia tras un foro con periodistas organizado por las Naciones Unidas.
Entre las violaciones que se han registrado durante 2017 en Latinoamérica señaló la persecución y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, principalmente en Colombia y Guatemala.
También remarcó el resurgimiento de atropellos a los derechos, a la usanza de los regímenes de antaño, en países en los que se pensaba que «se había pasado la página», como fue en Argentina con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, hecho que ha reavivado los «recuerdos de las dictaduras militares del Cono Sur».
Apuntó que México «es el Estado con mayor cuestionamiento en casos de violaciones a derechos humanos» y que «viene presentando una de las situaciones más graves en cuanto a niveles de violencia» porque han aumentado los asesinatos, los casos de desapariciones forzadas y «siguen las denuncias por tortura».
No obstante, señaló que el panorama en la región en derechos humanos es «variopinto», porque se han reabierto procesos de justicia como el juicio contra el general golpista José Efraín Ríos Montt en Guatemala y la paz en Colombia.
De igual forma, calificó de «muy positivo» el proceso de reapertura de procesos por los crímenes de guerra perpetrados durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992), gracias a la anulación de una ley de amnistía en 2016 por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
«Por fin se van a empezar a mover estos temas de la justicia transicional y hay que hacer labores de promoción para que la gente sepa que con la caída de la ley de amnistía puede haber posibilidades de tener acceso a los derechos, a la verdad, a la justicia y a la reparación», acotó.
Tras la anulación de la referida amnistía de 1993, El Salvador pudo avanzar en procesos por varias masacres perpetradas por el Ejército, incluida la de El Mozote de 1981, en la que fueron asesinados 1.000 campesinos, uno de los mayores ataques contra la población civil y desarmada registrados en el continente.
También fue enviado a prisión a cumplir una pena de 30 años el coronel Guillermo Alfredo Benavides por la matanza de cinco sacerdotes jesuitas españoles, uno salvadoreño y dos de sus colaboradoras en 1989.
Más recientemente fue anulado el sobreseimiento dictado al proceso por el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero de 1980 y por el que fue acusado el capitán del Ejército Álvaro Rafael Saravia, de paradero desconocido.
«Era algo que estaba pendiente después de muchos años y ojalá eso ayude a consolidar un mayor respeto al estado de derechos en este país», apunto Valencia, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para la investigación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en México.
Añadió que si el Estado salvadoreño no responde adecuadamente a «la necesidad de satisfacer estos derechos a la verdad, reparación y garantía de no repetición» de las víctimas, se arriesga a ser llevado ante instancias interamericanas y universales.
Respecto al escenario de violencia que vive la región latinoamericana por el crimen organizado, encarnado principalmente en narcotraficantes y pandillas, señaló que en un corto y mediano plazo «no es tan factible que haya una respuesta» de los organismos internacionales para juzgar a los líderes del hampa.
Esto en reacción a la amenaza de «consecuencias internacionales» hecha por la procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, a las pandillas en agosto pasado por el recrudecimiento de los asesinatos y ataques a los miembros de los cuerpos de seguridad.
«No es fácil encausar juicios contra estos actores», porque un proceso «a nivel penal internacional solo podría ser de carácter individual, solo a personas de estas organizaciones, pero solo en caso de que los Estados no puedan o no quieran sancionarlos», apuntó.
Empero, sostuvo que el castigo contra estas estructuras en cada país «no es fácil» y «son muy pocos los resultados que la justicia ha mostrado en sancionar», en naciones como México, Guatemala y El Salvador. EFE
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