QUITO (Ecuador).- La principal amenaza a la libertad de prensa en todo el mundo y especialmente en América Latina es la impunidad, sostuvo hoy en la capital ecuatoriana el director de la organización no gubernamental Freedom House para la región, Carlos Ponce.
Su organización elabora anualmente un estudio sobre la libertad de prensa en todo el mundo con el ránking más antiguo, 38 años, sobre la cuestión, que clasifica a los países entre libres, parcialmente libres y no libres para ejercer el cuarto poder.
Al referirse a la situación en varios países latinoamericanos como México, Venezuela, Cuba, Honduras o Ecuador, enarboló el denominador común de la falta de garantías legales.
«La principal problemática en todos los países realmente es la impunidad, cuando no tienes mecanismos judiciales que investiguen sobre lo casos que están denunciando los periodistas acerca de abusos, corrupción, de violación de los derechos humanos, esos son a los que matan», explicó Ponce a Efe.
El especialista participó hoy en una conferencia titulada «Luces y sombras del estado actual de la libertad de prensa en Latinoamérica y el mundo», en el marco del congreso «Periodismo en debate 2017», que se desarrolla hasta el sábado en la Universidad San Francisco de Quito.
Otros de los grandes retos que afrontan los profesionales de la comunicación en muchos países latinoamericanos es el uso de la difamación como mecanismo de persecución a los periodistas, el espionaje directo por parte de los Gobiernos y otras entidades además del crimen organizado, censura en redes sociales y académicas, o fallos en los mecanismos de protección.
«No hay sistemas efectivos de protección de periodistas en ninguno de estos países, ni del reconocimiento del rol de estos periodistas para que el Estado los proteja de una manera efectiva», advierte Ponce al incidir en que uno de los grandes males que azota a los informadores es el autoritarismo gubernamental que lleva a la «autocensura».
Sobre el caso específico de Ecuador, que figura como el tercer país menos libre de la región solo por detrás de Cuba y Venezuela, de acuerdo al último informe que abarca hasta diciembre pasado, aún bajo el gobierno de Rafael Correa, apunta múltiples factores.
«Durante el anterior Gobierno en Ecuador había una persecución directa a periodistas, había obligación casi arbitraria de los medios de cubrir lo que el presidente quería cubrir», señala.
Insiste en que no solo estaban bajo el punto de mira los informadores, sino también blogueros, tuiteros, caricaturistas, «todo el que tuviera cualquier tipo de información o que no le gustara al Gobierno era perseguido, sancionado, demandado».
En el 2013 Ecuador promulgó una Ley de Comunicación que, entre otras disposiciones, permite al Gobierno establecer la información que aparece en los medios y cómo la publican, legislación que fue censurada por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y calificada de «mordaza» en ámbitos periodísticos y políticos.
El anterior Ejecutivo defendió que con ella se trataba de poner coto a lo que consideraba excesos o libertinaje de la prensa.
«La Ley de Comunicaciones de hace cuatro años creó toda una infraestructura de persecución a la libertad de prensa generando un espacio no óptimo para ejercer la libertad de expresión», manifestó Ponce.
Y sumó a los lastres al libre ejercicio periodístico, la arbitraria asignación de frecuencias radioeléctricas, la toma de medios de comunicación por parte del anterior Gobierno, «lo que llevó a Ecuador al punto de llegar en la región a niveles de Venezuela y Cuba por la situación de persecución que sienten los periodistas y de las sanciones».
No obstante, el directivo de Freedom House observa un tímido aperturismo y talante conciliador por parte del nuevo presidente, Lenín Moreno.
«En este viaje hemos visto que por lo menos en lo que se refiere a la cobertura de la noticia sí ha habido un cambio, veo informaciones diferentes, los periódicos oficiales cubren otras noticias, son un poco más críticos sin tener una sanción», aduce.
Con todo, arguye que aún quedan muchos juicios y demandas pendientes del anterior período y cierta inercia en el quehacer periodístico.
«El diálogo es positivo, pero se tienen que dar los pasos para desmontar el aparataje represivo contra la libertad de prensa y la libertad de expresión» en Ecuador, subrayó.
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