El Tribunal Constitucional (TC) también acudió a Naciones Unidas para denunciar que desde el Congreso se amenaza a su independencia, pues cada vez que se tiene que resolver un tema que vincule directa o indirectamente a los parlamentarios, se hace referencia a la acusación contra cuatro magistrados, informó Marianella Ledesma, vicepresidenta del TC.
Fue al referirse a la denuncia presentada por 11 exmiembros de la Marina, procesados por la justicia ordinaria en el caso El Frontón, y que fue admitido a trámite por el Poder Legislativo.
“Hemos ido al Sistema Interamericano y también a Naciones Unidas, y tengo conocimiento extraoficialmente que diferentes relatores de Naciones Unidas han enviado comunicaciones al Estado Peruano manifestando su preocupación por este caso”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“No tengo conocimiento del tenor de la carta, posiblemente eso Cancillería lo tenga en sus manos. Hemos recurrido a los escenarios donde nos garantice actuar con independencia”, indicó.
Perú no es una isla
La magistrada dijo esperar que el Congreso reflexione y se archive la acusación, que todos entiendan que vivir en este modelo democrático, implica tolerancia y respeto a las decisiones del TC. Recordó que normativamente el Perú forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene resoluciones referidas al caso El Frontón.
“El sistema judicial peruano no es una isla, este está vinculado a un sistema regional promovido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la Corte IDH la que ha condenado al Estado y señalado que debe investigar e indagar por los responsables de la muerte de El Frontón”, indicó.
“Entonces, lo que los jueces del Tribunal Constitucional y los jueces de la justicia ordinaria en el Poder Judicial están haciendo es simplemente ejecutar una sentencia de la Corte IDH, por el que el Estado tiene el deber de hacerlo”, acotó.
Como se recuerda, el TC acogió un pedido de la Procuraduría Especializada Supranacional, a fin de que se subsane de oficio un error en el cómputo de votos de un hábeas corpus sobre el caso El Frontón, que no calificaba los hechos como crimen de lesa humanidad, a pesar de que la justicia así lo había estipulado.
Mandato del TC
Finalmente, precisó que el TC es un organismo autónomo creado para controlar el poder, y aclaró que sus magistrados no se oponen a ser fiscalizados. Remarcó que la crítica y las acciones constitucionales que se quieran hacer son bienvenidas, siempre y cuando sean justificadas.
“El Congreso nos eligió para ejecutar un mandato del poder constituyente, y cuando se diseñó esta organización de manera constitucional, se señaló que debía haber un organismo autónomo que controle el poder en toda su expresión y se designó al TC para que haga ese control. Lo que hacen los congresistas es solo ejecutar ese mandato del Constituyente”, aseveró.