Los tenedores de bonos de la deuda agraria peruana, que reclaman el pago de las expropiaciones forzosas acaecidas durante la reforma agraria, fueron perjudicados por una resolución del Tribunal Constitucional obtenida con falsificaciones, afirmó hoy el exmagistrado de esa corte, Carlos Mesía.
En declaraciones a Efe, Mesía, quien se desempeñó en el tribunal hasta junio de 2014, confirmó la existencia de una denuncia por corrupción contra el secretario del Tribunal Constitucional y otros magistrados que en 2013 validaron una sentencia supuestamente manipulada con el objetivo de evitar que el Estado peruano honrara la deuda contraída con los tenedores de bonos.
«El Tribunal aprobó una resolución que apoyaba a los bonistas, que yo firmé. Pero de la noche a la mañana entró una nueva ponencia que suprimía en la práctica la deuda. Se borraron firmas de la sentencia original y se modificó para hacerla pasar tan solo como un voto singular mío, voto que yo nunca hice», afirmó el juez.
El caso de los tenedores de bonos de la reforma agraria resurgió con fuerza esta semana después de que la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria denunciara ante la OCDE que Perú no debería entrar en la organización debido al impago selectivo de los bonos que se entregaron por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) a cambio de las tierras expropiadas por la reforma agraria.
Este pedido se basó en un informe realizado por Hans Blommestein, exdirector de Gestión de Deuda Pública de la OCDE de 2001 a 2016 y quien afirmó que la «negativa a ofrecer justa compensación» por esos bonos y las «deficiencias en integridad pública, en particular el compromiso con el Estado de derecho, los derechos humanos y la transparencia» de Perú deberían dejar al país fuera de la organización.
Mesía recordó que en 2001 el Tribunal Constitucional peruano determinó que los bonos de la deuda debían pagarse no en su valor nominal, irrisorio debido a la inflación acumulada y los vaivenes económicos del país, sino en su valor «real».
«Pero ese año el Tribunal no dijo cómo se debía calcular ese valor real.(…). Y en verdad en el ordenamiento peruano no existía una formula real para calcular eso, por lo que entonces, la posición que yo defendí en la sentencia manipulada, era que se pagara en función del IPC acumulado, que es como el Estado reclama sus deudas», explicó.
Mesía agregó que la resolución de 2013 del Tribunal Constitucional denunciada como fraudulenta, establecía un método de cálculo de la deuda irrisorio, «que determina que el Estado se está burlando de los bonistas».
Para el magistrado, esta situación se dio porque miembros del Tribunal «cedieron a las presiones del Ministerio de Economía» para que no se pagaran los bonos, una situación que no se ajusta a derecho.
«Hay pagar la deuda y pagarla bien. Tarde o temprano terminará mal para los funcionarios que hicieron esto, porque la verdad y la justicia está de parte de los tenedores», culminó.
El Gobierno de Velasco Alvarado expropió más de nueve millones de hectáreas a grandes terratenientes a cambio de bonos, en muchos casos de forma forzosa.
Algunos de esos bonos fueron adquiridos por inversores de riesgo de todo el mundo, que son los que reclaman el pago. EFE