SANTIAGO DE CHILE.- La justicia chilena prohibió hoy a tres gendarmes (guardias de prisiones) acercarse a la comunera mapuche Lorenza Cayuhán, tras imputarlos de vejaciones injustas luego de que la obligaran a dar a luz encadenada, mientras cumple una condena de cinco años en la cárcel de Arauco, en el sur del país austral.
En el Juzgado de Garantía de esa localidad se desarrolló este miércoles la audiencia de formalización de los funcionarios, en la que se fijaron cuatro meses para llevar a cabo la investigación de los hechos y se decretaron medidas cautelares para los involucrados.
Cayuhán «se encontraba embarazada con una situación de salud grave, con una preclampsia severa que implicaba un riesgo para la vida de ella y de su hija», señaló el fiscal Nelson Vigueras durante la cita.
El fiscal aseguró que existió una instrucción expresa del alto mando de Gendarmería para que se quitara el grillete a la mujer de su tobillo izquierdo, pero esta orden no se cumplió.
Vigueras declaró que en este caso, el funcionario encargado de custodiar a Cayuhán no tenía la llave para desencadenarla, ya que estaba en manos de otras dos gendarmes que salieron a comprar y tardaron unos 50 minutos.
La audiencia se realizó con la presencia de los inculpados, los gendarmes Christian Guillermo Pino Sealls, Andrea Noemí Concha Fernández y Cristina Fernanda Segundo Sánchez, quienes estuvieron presentes en el parto de Cayuhán en el hospital de Concepción, en octubre de 2016.
La comunera mapuche continúa privada de libertad bajo una pena de cinco años y un día por el delito de robo con intimidación y debe criar a su hija en prisión.
La defensa ha solicitado sin éxito el traslado de Cayuhán y su hija a un penal diferente, que a su juicio tiene mejores condiciones para la crianza y además la aleja del recinto en el que recibió los malos tratos.
La Corte Suprema determinó en diciembre de 2016 que «el Estado ha transgredido su obligación de proteger a la amparada de la violencia ejercida por funcionarios de Gendarmería, al permitir que aquella, que se encontraba en una especial condición de vulnerabilidad, dado su estado de embarazo y su privación de libertad, fuera sometida a tratos vejatorios e indignos, que debieron evitarse».
La Corte concluyó que el maltrato recibido tuvo también un origen discriminatorio, debido a su pertenencia a una comunidad mapuche, constituyendo, según el máximo Tribunal una «situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación».
Diversas organizaciones de derechos humanos han hecho eco de esta situación y exigido penas de cárcel para los funcionarios responsables de lo sucedido y la reparación del daño físico y sicológico causado a la mujer.
EFE/Foto: radio.uchile.cl