Una ola de levantamientos de inmunidad parlamentaria se ha desatado en nuestro país. El más reciente caso ha sido del congresista Yovera quien fue desaforado por haber sido sentenciado por el delito de falsedad.
El desafuero de Alejandro Yovera no es el primero ni el más escandaloso de los casos. Tampoco será el último. El caso del parlamentario Heriberto Benítez, acusado de formar parte de una red de corrupción en la Región Ancash, es solo el más grave de una larga lista de congresistas reclamados por la justicia para ser procesados.
Lo cierto es que la mayoría de congresistas perseguidos por la justicia consiguen escamotearla gracias a la inmunidad parlamentaria. Esto desde luego genera la indignación pública, pues a ojos de los electores se presentan como ciudadanos privilegiados con un estatus especial frente a la justicia.
La historia de la inmunidad parlamentaria comienza en nuestro país a inicios del siglo XIX con nuestras primeras Constituciones, y a semejanza de lo que sucedía en los países de donde se importó, la figura tenía propósitos nobles. Se trataba de preservar la integridad del Parlamento y la voluntad popular, evitando que los congresistas sean perseguidos mediante procesos judiciales que los sustrajeran malhadadamente de su fuero y funciones.
Sin embargo, en nuestros días la figura claramente se ha pervertido y está lejos de cumplir sus originales fines, al extremo de haberse convertido en un blindaje para gente inescrupulosa que vive al margen de la ley y que ingresa a la política con el propósito de valerse de esta figura.
Probablemente el caso más dramático se dio en Colombia donde nada menos que Pablo Escobar, debido a la inmunidad parlamentaria, consiguió por un tiempo escapar del brazo de la ley. Si bien en nuestro medio no hemos llegado aún a este nivel de degradación, son evidentes las señales de descomposición de este privilegio parlamentario.
Sin duda hay un conjunto de reformas urgentes que tienen que hacerse en el Congreso, pero es claro que este Parlamento no tiene ni la capacidad ni convicción para hacerlo. Con todo, creo que aún queda una pequeña, pero clara posibilidad que, cuando menos en un aspecto, los congresistas salientes nos dejen un Congreso mejor con la eliminación o restricción de la inmunidad parlamentaria.
Desde luego no se trata de desproteger a los congresistas y menos de debilitar al Legislativo, que ya bastante lo está. En este punto hay que recordar que los congresistas gozan de la llamada “inviolabilidad”, que los hace irresponsables ante toda autoridad incluso frente al órgano jurisdiccional por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Este privilegio puede conjugarse con un procedimiento y fuero especial de juzgamiento que evite la utilización política de la justicia en contra de los parlamentarios.
De este modo, el Congreso podría comenzar a mejorar su imagen y dejar de verse como una institución que empoza todos los males que la ciudadanía detesta.