El Ministerio de Trabajo ha priorizado reducir multas, operativos, menoscabar la labor del inspector de Trabajo, desprotegiendo los derechos de los trabajadores que prácticamente están en manos de sus empleadores. Este 2017 ha sido uno de los años más negativos para los trabajadores del Perú.
Entre los dispositivos legales emitidos durante la gestión del ministro Alfonso Grados se encuentra el Decreto Supremo Nº 007-2017-TR que afecta la autoridad del inspector de trabajo, al reducir las multas al 10% por obstruir la labor de supervisión en los centros laborales.
Mediante el referido decreto supremo también se redujo los operativos de inspección y a una sola vez al año.
“Es decir, en una tragedia como la ocurrida en la Galería Nicolini, si realizamos un operativo de seguridad, ya no podríamos regresar en todo el año. Esto viola lo dispuesto en el artículo 16 del Convenio 81 de la OIT, el cual indica que los establecimientos se deberán inspeccionar con la frecuencia que sean necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes”, dijo un representante del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la Sunafil.
Reducen multas
De otro lado está el Decreto Supremo Nº 015-2017-TR por medio del cual se volvió a reducir las multas en más del 50%. Con ello, para una empresa inspeccionada en muchos casos le será más rentable pagar la multa con lo que también se vulnera lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio 81 de la OIT, que dice: la legislación nacional deberá prescribir sanciones adecuadas, que habrán de ser efectivamente aplicadas en los casos de violación de las disposiciones legales (…) y en aquellos en que se obstruya a los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones”.
SUNAFIL
Este año también se aprobó la Resolución de la Superintendencia Nº 190-2017-SUNAFIL que aprueba el servicio de atención de denuncias laborales. Ahora, antes de emitir una orden de inspección a consecuencia de la recepción de una denuncia laboral, se enviará cartas al empleador solicitando el cumplimiento de la obligación sociolaboral denunciada por ex trabajadores.
“Remitir previamente una carta al empleador significaría informarle que ya existe una denuncia en su contra y, como tal, se le estaría anticipando sobre una futura inspección del trabajo. La fiscalización laboral pierde su esencia, esto es, el factor sorpresa, y como tal, se debilita de esta manera al sistema inspectivo”, dijeron los representantes del Sindicato de la Sunafil.
El Sindicato Único de Inspectores denunció ante el Departamento de Trabajo de EEUU, en el marco del TLC suscrito con dicho país, que el número de inspectores es insuficiente. Asimismo se hizo notar que el personal que ocupa el cargo de inspector auxiliar carece de facultades para inspeccionar a todo tipo de empresas.
El Departamento de Trabajo en mención recomendó al gobierno peruano que deben contar con una mayor cantidad de inspectores, pero que tengan todas las facultades, así como con la implementación de intendencias en todo el territorio nacional.
Actualmente la Sunafil cuenta con 390 inspectores de los cuales solo 120 tienen todas las facultades de fiscalización.
Fuente: diariouno.pe/Foto: andina.com.pe