El 2017 fue un año marcado en América Latina por el avance de procesos represivos ligados a políticas de seguridad en Argentina, por el asesinato de líderes sociales en Colombia y, sobre todo, por la salida masiva de la sociedad civil a las calles para reclamar derechos, según expertos consultados por Sputnik.
«Es difícil hacer el balance de manera positiva, porque el panorama en la región fue claramente regresivo en materia de derechos humanos», dijo a Sputnik la directora de la argentina Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Sandra Raggio.
Una victoria en materia de DDHH fue la sentencia del histórico juicio a los responsables del mayor centro clandestino de detención y tortura que funcionó en Argentina durante la última dictadura (1976-1983), la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
«Ha sido un paso muy importante, sobre todo en un contexto del país complejo, con el recrudecimiento de narrativas negacionistas o relativistas del genocidio de la dictadura y del cuestionamiento al proceso de justicia», señaló Raggio.
Tras cinco años de audiencia, el 29 de noviembre, se llegó a 54 sentencias por delitos cometidos contra 789 víctimas, con penas de entre ocho y 25 años de prisión y solo seis absoluciones.
«La sentencia avanzó en el esclarecimiento y condena de otras responsabilidades, como los pilotos que participaron en los vuelos de la muerte (…) se logró probar judicialmente su existencia, nadie puede seguir dudando», añadió Raggio, especializada en ciencias sociales y profesora de la Universidad de La Plata.
El colectivo Abuelas Plaza de Mayo, además de cumplir 40 años de trabajo buscando a nietos e hijos de personas desaparecidas en la dictadura, dio con el paradero de la nieta número 127 y alcanzó en 2017 a restituir la identidad de seis personas.
La seguridad
En 2017 dos sucesos pusieron en primera plana a las comunidades mapuches del sur argentino, cuando dos jóvenes terminaron muertos en operativos que involucraron a la Gendarmería.
Santiago Maldonado, un joven artesano argentino, desapareció en septiembre durante una represión de la Gendarmería contra una comunidad mapuche y fue hallado casi tres meses después en el río Chubut, en la austral Patagonia argentina. La autopsia determinó que se había ahogado.
También acaparó los medios en los últimos meses la comunidad Lafken Winkul Mapu, que ocupó un parque nacional situado en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, en la Patagonia, y en un operativo de Gendarmería contra esa ocupación, fue asesinado por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel, de 27 años.
«Las dos muertes que se produjeron en la Patagonia en el marco de las acciones represivas a la comunidad mapuche y sus reclamos territoriales tiene su correlato en la militarización de la Araucanía chilena y la criminalización de los pueblos originarios de la región», opinó Raggio.
Ambos casos tuvieron repercusión internacional y las personas salieron masivamente a las calles a reclamar que se supiera la verdad sobre la muerte de ambos jóvenes.
Derechos de las mujeres
En América Latina y el Caribe al menos 12 mujeres son asesinadas cada día por el simple hecho de ser mujeres, según un estudio de 2016 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Este año se realizó por primera vez el Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo, cuando millones de personas de 55 países del mundo se adhirieron a la primera huelga global para protestar contra la desigualdad y la violencia de género.
«Son movimientos que desde abajo activan para la democratización de las sociedades y renuevan la agenda en materia de derechos humanos y también sus repertorios de acción», opinó Raggio.
El 2017 también estuvo marcado por la avalancha de denuncias en EEUU sobre abusos y acoso sexual a las mujeres en la industria del cine, el espectáculo, la política y las grandes empresas.
La etiqueta #MeToo (Yo También) en la red Twitter terminó convertida en un movimiento para alentar a las víctimas a compartir sus historias.
En Chile, la presidenta Michelle Bachelet promulgó en septiembre una ley que despenaliza el aborto en tres causales, después de una larga tramitación legislativa.
En Uruguay se sancionó una ley contra la violencia de género, que establece más políticas de prevención y atención, en un país donde siete de cada 10 mujeres aseguran haber sufrido violencia de género en algún momento de sus vidas.
Menores
Este año estuvo marcado también por casos que tuvieron como protagonistas a los niños.
«Si bien en los últimos años se ha avanzado en el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, e incluso eso se ha expresado en el plexo normativo, lo cierto es que las políticas públicas no han acompañado la letra de la ley», opinó Raggio.
En Ecuador, se conoció este año que 100 niños fueron abusados en un colegio público de Guayaquil (oeste) y al menos 84 en otro de Quito, y solo con estos casos masivos, más uno ocurrido en una academia de ballet, sumaban 327 víctimas.
Al momento se conocen, según la fiscalía, 4.500 denuncias de abusos a menores de edad, de los cuales 717 ocurrieron en el sistema educativo, aunque el número real sería mayor.
En marzo de este año, en Guatemala, un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en el municipio rural de San José Pinula, a 22 kilómetros de la capital guatemalteca, provocó el fallecimiento de 41 adolescentes.
«No ha habido una inversión sostenida ni la creación de dispositivos eficaces que protejan los derechos de las infancias, por el contrario, siguen siendo los más castigados», dijo la experta.
Derechos de los migrantes
Los derechos de los migrantes dieron varios pasos atrás por las medidas del presidente de EEUU, Donald Trump, contra el ingreso de extranjeros, el desmantelamiento de programas para regularizar a residentes y su decisión de construir un muro en la frontera con México.
«Trump solo ha profundizado la criminalización del migrante y lo ha hecho con un discurso muy agresivo», señaló Raggio.
En su opinión, el migrante es tratado cada vez más como un sujeto que atenta contra la seguridad y los derechos de los nacionales, y esta estigmatización es la base de su persecución.
El vicepresidente del Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas, Pablo Ceriani, dijo a esta agencia que “la región sudamericana este año ha tenido varios desafíos en materia de derechos humanos: la reforma por decreto y a través de los vetos de la nueva ley migratoria brasileña por el actual Gobierno, el caso de Argentina y el desplazamiento de venezolanos”.
Para Ceriani la región está enfrentando desafíos novedosos a partir de una serie de reformas, “como ha pasado en Brasil con el golpe de Estado o en Argentina, que han impactado seriamente en derechos laborales, sociales y civiles como la libertad de expresión y el ejercicio pacífico de la protesta”.
El año cerró con el indulto concedido este mes al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) quien cumplía pena de 25 años por 25 asesinatos cometidos por un escuadrón militar que actuó bajo sus órdenes en los años 90. (Sputnik)
Fotos: Crónica Viva/Joel Alonzo