MÉXICO.- Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudian el caso de los 43 alumnos de la escuela de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron hoy la tardanza por parte del Gobierno mexicano para autorizar entrevistas con los militares del 27 batallón de Iguala.
En una rueda de prensa ofrecida en la capital mexicana por los cinco miembros del equipo, aseguraron que el domingo recibieron una respuesta en la que se les informó que «el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud».
La experta colombiana Ángela Buitrago recordó que ya han pasado más de tres meses después de haber realizado la petición de entrevistar a militares, por lo que el grupo expresó su «preocupación» ante el retraso en esta decisión.
Esta demora, aseguraron, «limita los esfuerzos» por avanzar en la investigación y la búsqueda de los estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.
Los familiares de los jóvenes exigen la apertura de una línea de investigación sobre el papel que jugaron esa noche del 26 de septiembre del 2014 los militares del 27 batallón de Iguala, algunos de los cuales tuvieron contacto con alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Esa noche los estudiantes de esa escuela para maestros, tradicionalmente muy combativa, fueron atacados a tiros por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Seis personas murieron, incluidos tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en un basurero al creer que eran miembros de un grupo rival.
Sin embargo, los familiares de los desaparecidos no creen en esta versión y son también numerosas las organizaciones que la han puesto en duda.
El equipo de expertos, integrado además por el español Carlos Beristain, la guatemalteca Claudia Paz, el chileno Francisco Cox y el colombiano Alejandro Valencia, fue conformado en virtud de un acuerdo firmado a fines del 2014 entre la CIDH, el Gobierno mexicano y representantes de los familiares de los estudiantes.
Su trabajo, que arrancó en marzo pasado, está centrado en cuatro líneas: proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas del caso Ayotzinapa y propuesta de políticas públicas frente a la desaparición forzada para el país.