Tres reconocidas organizaciones humanitarias de Argentina revelaron hoy viernes en Buenos Aires un informe que elevarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para denunciar el indulto concedido por el actual Gobierno de Perú al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentaron el documento en el marco de una audiencia que tiene lugar hoy viernes en Costa Rica para supervisar el caso del «incumplimiento» de la sentencia a raíz del indulto al exmandatario.
«Tratándose de Perú, un país de nuestra región, tratándose de este caso tan vinculado con las decisiones judiciales acá en Argentina para reabrir el proceso de justicia, teníamos esta inquietud y casi obligación ética de presentarnos en este proceso», explicó a Efe Luz Palmas, abogada y coordinadora en el CELS.
Palmas recalcó que, si bien no son querellantes en la causa que analiza la CorteIDH, tienen intención, desde el «reconocimiento internacional» que poseen estos grupos, de expresar su «posición» por lo que «significa el indulto de Fujimori para la sanción de las violaciones a los derechos humanos en la región».
A través del documento conjunto, denuncian que en años anteriores la CorteIDH ya «declaró a Perú internacionalmente responsable de la muerte de quince personas y lesiones de otras cuatro, y de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de diez personas», además de ordenar «medidas de reparación integral a las víctimas».
El pasado diciembre, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó un indulto humanitario a Alberto Fujimori, quien cumplía desde 2009 una sentencia a 25 años de cárcel tras ser considerado autor mediato (con dominio de hecho) de las masacres de Barrios Altos (1991) y la Cantuta (1992), donde murieron 25 personas.
Un acontecimiento que suscitó un enorme rechazo social por parte de la sociedad peruana pero también a nivel internacional, por lo que las citadas organizaciones argentinas decidieron intervenir ante la CorteIDH para «acercar elementos y posicionamientos al tribunal para que los tenga en cuenta a la hora de fallar».
Por tanto, instan al Gobierno que dirige Kuczynski a «cumplir» con las decisiones de la institución y que se invierta el indulto.
«El movimiento de derechos humanos en Argentina ha sido siempre destacado por la lucha contra la impunidad y por tratar de avanzar en el juicio de todos los responsables de delitos de lesa humanidad», aclaró Palmas.
La abogada recordó que fue precisamente el caso de Barrios Altos uno de los que tomó la Justicia argentina como «precedente» para «reabrir el proceso de justicia» que condenaba los delitos de lesa humanidad perpetrados en la última dictadura militar (1976-1983), por lo que guarda «una línea de contacto muy íntima».
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A su vez, Palmas mostró su preocupación pues en Argentina los procesos judiciales que investigan crímenes de lesa humanidad no concuerdan con el «discurso del poder ejecutivo» y avanzan de manera «muy lenta», una situación que comparten con sus vecinos, quienes también han sufrido «el terrorismo de estado interno».
«Se avanza, hay condenas, hay nuevas investigaciones, pero lentamente, y los hechos ocurrieron hace muchos años. Los acusados y las víctimas tienen mucha edad, por lo que es necesario acelerar», concluyó.
EFE
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