Las autoridades de Perú, Luxemburgo y Suiza acordaron proponer los parámetros que cada país implementará para hacer efectiva la repatriación de más de 10 millones de dólares que fueron incautados en esos países, vinculados a actos de corrupción cometidos durante la década de los noventa.
El compromiso fue asumido en la cita que sostuvo en Luxemburgo el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, Alonso Peña, quien junto a representantes de la Cancillería y del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), se reunió con las autoridades de ambos Estados para analizar este procedimiento.
En el caso de la Cancillería, la reunión contó con la participación de la jefa de Asuntos Legales, Ana Teresa Revilla; y del jefe de la Oficina Cooperación Judicial, Elmer López Chirinos. Además, asistió el jefe del Pronabi, Alfredo Saavedra.
Durante la cita, se acordó que el Perú elaborará un plan de proyectos relacionados especialmente a los ámbitos de la lucha anticorrupción, lavado de activos, recuperación de activos y materia ambiental.
En esta importante reunión, las delegaciones asumieron diversos compromisos como una primera etapa del proceso de repatriación de activos. Los firmantes por Luxemburgo fueron funcionarios de justicia y asuntos exteriores, como de la fiscalía general.
En el caso de Suiza, intervinieron los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores como de la Agencia para el Desarrollo y Cooperación y de Recuperación de Activos del Departamento Federal de Asuntos Exteriores.
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Dichos compromisos coinciden con la propuesta del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, de invertir una parte de los fondos repatriados para fortalecer la lucha anticorrupción a nivel de las instituciones tutelares comprometidas en tal fin.
El Ministerio Público forma parte del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de la repatriación de Activos Provenientes de Actos Ilícitos en la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo, creado el año pasado por el Ejecutivo y que integran, además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Poder Judicial.
ANDINA