CALIFORNIA/EEUU.- El juez federal Phillip Rodríguez ordenó restablecer DACA y sus correspondientes permisos de trabajo a tres jóvenes demandantes y un colectivo a los que se les despojó de ese beneficio “sin notificación, explicación razonada u oportunidad de responder”.
Asimismo dispuso que el gobierno queda prohibido de tomar medidas similares en el futuro, después de una audiencia en su tribunal del centro de Los Ángeles en el caso IEIYC & Arreola v. Nielsen, que fue presentado por la Unión de Libertades Civiles Americanas y la ACLU del Sur de California.
“La decisión dificulta al gobierno la terminación arbitraria de beneficios de DACA a personas individuales”, dijo la abogada Jennifer Chang Newell, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU nacional.
La letrada indicó que, esencialmente, la demanda pedía que el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Inmigración y Naturalización (USCIS) siga “sus propias reglas” para retirar el beneficio de DACA a personas que lo han tenido en el pasado.
Los orígenes de esta demanda están en tres casos de jóvenes inmigrantes cuyo DACA fue revocado automáticamente luego de un arresto, aún cuando nunca fueran convictos o el delito no entrara bajo los que descalifican a una persona de obtener DACA.
El primer caso de renombre fue el de Jesús Alonso Arreola Robles, un residente de North Hollywood de 23 años que fue arrestado en febrero del 2017 mientras transportaba a unos pasajeros cerca de la frontera en su Uber/Lift.
El caso de Arreola, según activistas defensores de los inmigrantes y según los abogados, refleja un tipo de táctica que el gobierno ha usado en otras oportunidades: arrestar a un joven con DACA bajo sospecha de un delito, quitarle su DACA de inmediato y ponerlo en proceso de deportación. Este proceso seguiría aunque la investigación policial no termine en una acusación por delito alguno. (ECHA – Agencias)