Haremos un pedido de manera formal al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y ante la coordinadora de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla, para que se culminen los procesos y se evite el quiebre de casos emblemáticos de derechos humanos, informó Juan José Quispe, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Fue al comentar la eventual salida de Miluska Cano, actual presidenta del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, tras su elección como representante en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro para los comicios municipales y regionales 2018.
La magistrada tiene a su cargo el juicio que se le sigue a Vladimiro Montesinos y otros por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti, así como el proceso contra el ex ministro del Interior, Daniel Urresti, por el caso del periodista Hugo Bustíos. Además de los dos primeros, su sala también investiga el crimen de la agente de inteligencia Mariella Barreto.
“Acá no estamos hablando de que un juicio se quiebre o volvamos a fojas cero. Estamos hablando de familias, de víctimas que buscan justicia por tantos años. Vamos a pedir al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y a la propia presidenta de la Sala Penal Nacional Inés Villa Bonilla, que si Miluska Cano se va de todas maneras en mayo, que culmine con los casos para que no quiebren”, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“[…] El antecedente más cercano es el del general Walter Chacón, en donde la sala de la doctora Inés Villa Bonilla estaba juzgándolo y el Tribunal Constitucional dijo, tienes 30 días para emitir su resolución y en 30 días lo hizo”, puntualizó.
El caso Gorriti
Juan José Quispe, quien se desempeña como abogado en el caso del secuestro de Gustavo Gorriti, dijo que no cree que la magistrada Miluska Cano tenga la intención de que se quiebren los procesos. Apuntó que los abogados de los casos mencionados presentarán una solicitud y medidas alternativas para que los casos no vuelvan a fojas cero.
“Lo que creemos es que ella quiere terminar los casos, pero no sabe cómo. Hay salidas, se pone en coordinación con la presidenta de la Sala Penal Nacional y en los casos en los que se pueden quebrar se hacen audiencias interdiarias y con eso culminaríamos hacia la quincena de mayo”, manifestó.
“Si bien es cierto, estamos con la ‘suerte echada’, pero hay una solución y la estamos dando el día de hoy los abogados de derechos humanos. Lo vamos a presentar formalmente en el caso Gorriti ante la propia Sala”, manifestó.
Fiscalía hará pedido
En ese aspecto, comentó que la Fiscalía también haría un pedido similar porque se trata de preservar el derecho a la justicia y la verdad de los familares de las víctimas de estos tres casos de derechos humanos.
“Vamos viendo que en el camino se van muriendo testigos, se están enfermando acusados en el caso Gorriti, como la situación del general Nicolás de Bari Hermoza, y dos miembros de la FAP. Van perdiéndose testigos importantes y no vamos a poder juzgar a los acusados. Creo que hay una solución”, explicó.
“Si hay voluntad del Poder Judicial y de la Sala Penal Nacional, podemos cambiar eso, de que los días jueves solamente tienen agendados los casos en la Base Naval, pero podemos poner audiencias interdiarias de cinco o seis horas y perfectamente podemos acabar”, refirió.
El caso Mariela Barreto
Por otro lado, Gloria Cano, directora de Aprodeh, dijo que no se cuestiona el interés de un magistrado de desarrollarse en el campo jurisdiccional, pero anotó que sí le preocupa las consecuencias importantes que podría tener en los casos vinculados a los derechos humanos
“En el caso del homicidio de Mariella Barreto ya tenemos avanzado el proceso judicial y se ha avanzado el juicio oral y se estaba interrogando a Martin Rivas. Nos preocupaba que ya la Sala tenía dificultades para interrogar ese caso, porque se había otorgado la Sala de la Base Naval solo una vez por semana, y por eso se tenía una hora de audiencia semanal […]”, manifestó.
“Y ahora con la salida todo ese avance que ha costado tendría que declararse nulo y volverse a iniciar. Se violenta el derechos de las víctimas”, precisó.
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