La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) afirmó este domingo que las heridas causadas por el terrorismo en su país «todavía no se han curado ni resarcido», en referencia al rechazo que ha generado una decisión judicial que ordenó el arresto domiciliario para dos cabecillas del grupo Sendero Luminoso.
La Conferencia Episcopal Peruana emitió un comunicado en el que señaló que «el dolor y el rechazo que dejó la violencia terrorista en el Perú son aún muy intensos, como se puede verificar en la repulsa y la indignación de la población ante la variación de la condición jurídica de algunos miembros de la cúpula senderista».
Los líderes de Sendero Luminoso Osmán Morote y Margot Liendo salieron este viernes de la cárcel en la que cumplieron sus condenas por terrorismo mientras son procesados, bajo arresto domiciliario, por otro atentado perpetrado en Lima en 1992.
En medio del rechazo generalizado que causó la decisión judicial, el ministro del Interior, Mauro Medina, afirmó el jueves que la Policía «se vio obligada» a cumplir la resolución, mientras el ministro de Justicia, Salvador Heresi, expresó su repudio al fallo.
Al respecto, la Conferencia Episcopal Peruana enfatizó que «es obligación del Estado garantizar al pueblo peruano la integridad de la vida, el bien común y la paz social» y que de esa responsabilidad «ningún poder del Estado puede excluirse».
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Recordó que su país «fue herido gravemente por las acciones de violencia y terrorismo que destruyeron vidas, familias, comunidades enteras» y «sometieron al miedo, al borde del colapso y la ruina, cuyas secuelas de todo orden todavía no se han curado ni resarcido».
Defendió, en ese sentido, que «el derecho a una justicia proporcional al daño causado es fundamental, pero también lo es el respeto a la ley», pero se preguntó si «¿estas personas que han seguido este camino equivocado, han pedido perdón por ello, han mostrado arrepentimiento sincero?».
La Conferencia Episcopal Peruana enfatizó que el Estado de derecho en el país, «posiblemente imperfecto y criticable, debe ser defendido por toda la sociedad», por lo que rechazó «los esfuerzos de algunos grupos que siguen promoviendo ideologías que justifican o promueven el terrorismo y/o sus métodos».
«Cabe preguntarnos: ¿El Estado ha cumplido su rol de garantizar a nuestro pueblo la integridad de la vida, el bien común y la construcción de una sociedad que mira el futuro con paz y justicia?», interrogó.
La Conferencia Episcopal Peruana sostuvo que los cristianos defienden «la justicia y la dignidad», pero dijo que «una justicia que tarda, cualquiera fuere la razón, no es justicia, por el contrario, ocasiona más daño».
«Renovamos el pedido que nos hizo el papa Francisco: «no permitan que les roben la esperanza», es el momento de unirnos y trabajar juntos por la vida, el bien común y la paz social», concluyó.
A pesar de haber cumplido sus condenas a 25 años de cárcel por terrorismo, Osmán Morote y Margot Liendo continuaban en prisión como medida preventiva mientras son enjuiciados por otras acciones de Sendero Luminoso, como el atentado de Tarata, de 1992, donde un coche bomba mató a 25 personas en el distrito de Miraflores.
EFE