Los trabajadores pertenecientes al sindicato de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SINAUT-SUNAT, exigen, tanto, al presidente Martín Vizcarra y al ministro de Economía y Finanzas David Tuesta, la reingeniería de este organismo para hacerlo más eficiente y transparente, empezando con la remoción del cargo de los funcionarios de la entidad a cargo del Superintendente Nacional Víctor Raúl Shiguiyama Hobashigawa.
El secretario general del sindicato SINAUT-SUNAT, Oscar Sánchez Rojas, indicó que la llegada de Shiguiyama en el 2016, no ha significado ningún cambio, por el contrario, ha habido un continuismo de pocas acciones que hayan permitido hacerla un ente más eficiente y conserva el mismo grupo de funcionarios, lo que significó continuar con los errores de la gestión anterior en la organización, la planificación y la estrategia, lo cual se ha reflejado al cerrar el 2017, con una presión tributaria de 12.9% (la más baja de Latinoamérica y solo comparada históricamente a la presión tributaria de los años 1993 y 2002 de crisis política y económica), factor que no existe en la coyuntura actual.
El dirigente sostuvo que el nuevo gobierno debe promover la meritocracia y desterrar de este ente recaudador a las argollas que la tienen capturada desde hace más de 20 años y se elimine la “planilla dorada” racionalizando el número de directivos y de personal de confianza, que se ha triplicado desde el 2012, a pesar que algunos de ellos se encuentran cuestionados por diversos factores.
Recordó el sindicalista que, fueron cinco los factores que provocaron estas denuncias, y se encuentra demostrado los fuertes vínculos de los altos funcionarios de SUNAT, Víctor Paul Shiguiyama Kobashigawa (Superintendente Nacional, quien renunció a su militancia días antes de asumir el cargo) y Ana Cecilia Matsuno Fuchigami (Jefa del IAT – SUNAT), con el partido Fuerza Popular y los principales imputados en la investigación fiscal por lavado de activos que dirige el magistrado José Domingo Pérez
Agrava el hecho que podría afectar las investigaciones, pues los referidos altos funcionarios de SUNAT tendrían acceso directo a todas las bases informáticas de SUNAT, así como al secreto bancario vía el Impuesto a las Transacciones Financieras que se reporta a SUNAT; a la Reserva Tributaria sobre las declaraciones Juradas de los contribuyentes.
Asimismo, a la información de datas externas compartidas en convenios nacionales e internacionales y a la información sobre data de contribuyentes acogidos a la amnistía por incrementos patrimoniales no justificados, así como a la información de la big data de SUNAT (actualmente se encuentra trabajando la información 30 personas recientemente contratadas por la funcionaria Ana Cecilia Matsuno).
“Es obvio, que con esas ventajas de acceso a información, dichos funcionarios no pueden seguir ejerciendo como las más altas autoridades de la SUNAT, organismo fiscalizador de primer orden, y que debe mantener una neutralidad ante cualquier tipo de investigación Judicial, Congresal y Fiscal”, mencionó el dirigente.
Secretario General del SINAUT SUNAT, Oscar Sánchez Rojas.
Para tener en cuenta