La Corte Suprema de Justicia de Perú elevó la pena de cárcel impuesta al exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, de 22 a 25 años, por la desaparición de dos estudiantes y un catedrático de una universidad peruana en 1993, informó hoy ese tribunal en Lima.
Montesinos, quien fue asesor del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), fue hallado culpable de la desaparición de dos estudiantes y un catedrático de la Universidad Nacional del Callao, ocurrido en 1993, por lo que fue sentenciado en el 2016, a 22 años de cárcel.
El exasesor tiene además otras sentencias por abusos a los derechos humanos perpetrados por el grupo militar encubierto Colina y por delitos de corrupción cometidos durante el gobierno de Fujimori.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema señaló en este fallo que, en la primera instancia judicial, no se había realizado «una correcta determinación judicial de la pena», debido a que «no había atenuantes que permitan una sentencia por debajo de la solicitada por la Fiscalía».
Además, sostuvo que tampoco se valoró que las desapariciones responden a delitos de la misma especie, lo que constituye un «concurso real homogéneo», por lo que decidió elevar la pena carcelaria a 25 años.
Del mismo modo y bajo el mismo argumento, la Corte Suprema también aumentó la pena aplicada al expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, de 22 a 23 años; y la del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), Jorge Enrique Nadal Paiva, de 15 a 23 años.
Los tres fueron hallados responsables del delito de desaparición forzada en agravio del catedrático universitario Justiniano Najarro Rúa, y de los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, Javier Roca Casas y Kenneth Anzualdo Castro.
Las víctimas habían sido detenidas de manera individual por una patrulla militar, entre julio y diciembre de 1993, en el marco de una operación llevada a cabo por el ejército peruano para enfrentar a los grupos armados Sendero Luminoso (SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La sala suprema también confirmó la reparación civil de un millón de soles (unos 307,000 dólares) que deberán abonar los sentenciados y el Ministerio de Defensa de Perú, como tercero civil responsable, a favor de los agraviados y la sociedad.
El tribunal que emitió este fallo de última instancia, lo presidió el juez supremo César San Martín Castro y está integrado por los magistrados Víctor Prado Saldarriaga, Jorge Salas Arenas, José Neyra Flores y Zavina Chávez Mella.
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