NUEVA YORK.- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) denunció hoy que el gobierno de EEUU incautó los registros de teléfono y correo electrónico de una periodista del diario The New York Times, y consideró que eso «sienta un peligroso precedente» para la libertad de prensa en el país.
El Departamento de Justicia obtuvo los datos de la periodista Ali Watkins durante una investigación sobre varias filtraciones del Comité de Inteligencia del Senado a los medios, que concluyó este jueves con el arresto de su director de seguridad, James A. Wolfe.
«Para cumplir con su responsabilidad pública, los periodistas deben ser capaces de proteger a sus fuentes confidenciales. Los esfuerzos gubernamentales que socavan esta habilidad representan así una amenaza fundamental a la libertad de prensa», manifestó Alexandra Ellerbeck, coordinadora del CPJ en Norteamérica.
Según el periódico neoyorquino, a Watkins, que había mantenido una relación de tres años con Wolfe, se le informó por carta a posteriori sobre la incautación, en un caso que califica como el primer «ejemplo conocido» de que la justicia estadounidense «va tras los documentos de un periodista durante (la Administración) Trump».
Wolfe, de 57 años, era el encargado de gestionar la información clasificada y sensible que compartían el Comité de Inteligencia y el Ejecutivo. Tras trabajar para el Comité durante casi tres décadas, sin estar ligado a un partido, dejó su trabajo en diciembre del año pasado y se retiró en mayo.
Fue arrestado el jueves y las autoridades lo acusan de haber hecho declaraciones falsas al FBI sobre el suministro de información clasificada a dos reporteros, aunque él niega haber dado nunca ese tipo de material a periodistas, de acuerdo al NYT.
Los documentos de la acusación exponen que Wolfe se comunicó con cuatro periodistas mediante su teléfono, su correo oficial y aplicaciones de mensajería encriptadas, como Signal o Whatsapp.
En el caso de Watkins, el FBI investigaba cómo ella se había enterado de que espías rusos intentaron contratar en 2013 a un exasesor del actual presidente, Donald Trump, tal y como publicó en un artículo para Buzzfeed, según el Times.
En febrero, el Departamento de Justicia le informó que tenía información sobre sus registros de clienta y suscripciones de dos correos electrónicos y números de teléfono, procedentes de firmas de telecomunicaciones como Google y Verizon.
Aunque el Times señala que los investigadores no obtuvieron el contenido de sus mensajes, los documentos de la periodista abarcan años de comunicaciones, incluidas las asociadas a su correo universitario, de cuando era estudiante.
El abogado de la periodista, Mark J. MacDougall, consideró «siempre desconcertante» que las autoridades obtengan registros telefónicos de un periodista «mediante una citación de un gran jurado u otro proceso legal», y cuestionó que fuera «realmente necesario».
En vista de los hechos, el CPJ advirtió que la «incautación gubernamental de los datos de Ali Watkins sienta un peligroso precedente».
«Tememos que pueda ser una salva inicial en la actual batalla contra la habilidad de los periodistas para proteger a sus fuentes», señaló el comité.
Asimismo, la organización recordó que el año pasado, el fiscal general Jeff Sessions afirmó que la Administración Trump ha triplicado el número de investigaciones sobre filtraciones y que se mostró a favor de revisar las normas del Departamento de Justicia para facilitar la obtención de documentos de periodistas.
EFE