WASHINGTON.- Pese a que la Administración Trump insiste en que no hay una “política” de separación de familias en la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que se afectó a unos 2 mil menores en un periodo de seis semanas.
El DHS precisa que los niños y jóvenes de Centroamérica afectados pasaron a la custodia de una agencia del Departamento de Salud, que opera un centenar de albergues en 12 estados que en Texas se usará usará una instalación para alojar a centenares de niños no acompañados.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, una fuente del DHS, dijo desde el anonimato que entre el 19 de abril y el 31 de mayo pasados, los agentes separaron a 1,995 menores que viajaban acompañados de unos 1,940 adultos, “presuntamente guardianes” de esos niños, informó el diario estadounidense La Opinón.
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La llamada telefónica fue convocada en parte para refutar las “exageraciones” de informes de prensa y “acusaciones ficticias” sobre la separación de familias en la frontera sur.
La cifra podría ser mayor porque, según explicaron las autoridades, ese número solo refleja a los niños que fueron separados porque sus padres fueron referidos a fiscales federales por cruzar ilegalmente la frontera.
En el marco de una política de “cero tolerancia” contra la inmigración ilegal, el fiscal general, Jeff Sessions, ordenó el pasado 7 de mayo que toda persona que cruce ilegalmente la frontera sea enjuiciada y eventualmente deportada.
En la llamada, las autoridades dijeron que eso significa que no “tienen más remedio” que hacer cumplir las leyes y que los activistas “quieren que los inmigrantes indocumentados tengan mejores derechos que los que tienen los ciudadanos estadounidenses”.
“Con la política de procesamiento judicial al 100%, afrontamos la opción de hacer cumplir las leyes en la frontera, o permitir que individuos que entran al país con sus niños… no afronten las consecuencias de su acción ilegal”, dijo la fuente, sin mencionar que los menores tienen protecciones bajo las leyes de EEUU y el derecho internacional.
Mientras, una fuente del Departamento de Justicia dijo en la misma llamada que se está cumpliendo la orden de Sessions de referir a todo inmigrante indocumentado a los tribunales federales, pero no quiso precisar cifras.
La criminalización de los inmigrantes y la separación de familias, que en realidad comenzó en abril, ha sido condenada por grupos defensores de los inmigrantes y los derechos humanos, algunos de los cuales han interpuesto demandas para frenar la práctica.(ECHA- Agencias)