Representantes de las víctimas La Cantuta y Barrios Altos definirán en la semana las acciones que tomarán luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indicó que el sistema jurisdiccional del Perú deberá evaluar la legalidad del indulto humanitario al exdictador Alberto Fujimori.
Abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), además de la Federación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) analizarán durante la semana una eventual demanda de amparo o una acción de control convencional.
Ambos casos se plantean en el Poder Judicial, aunque en diferentes ámbitos.
La corte supranacional informó que los plazos para presentar cualquier acción empiezan desde la notificación, es decir, el pasado viernes.
Gloria Cano, de Aprodeh, anunció que estudiarán los pro y contras de los dos recursos, en base a diversas variables, cuánto tardarán en resolverlos, además de la idoneidad de las respectivas instancias.
“Este lunes vamos a reunirnos para debatir cuál es la vía que vamos a adoptar”, adelantó según publica La República.
Un amparo, lo presentarán ante un juez constitucional, quien definirá si lo admite. En esta instancia, además de la defensa de los familiares de las víctimas, se podrá apersonar el procurador del Estado.
Si alguno de ellos cuestiona el fallo de este magistrado, podrá apelar. En ese caso, el expediente pasará a una sala en segunda instancia.
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Y si alguna de las partes tampoco queda conforme, entonces acudiría al Tribunal Constitucional.
“No sabemos cuánto pueda durar todo este procedimiento, pero suelen ser largos. Aunque teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Corte IDH, a la que tenemos que informar en octubre, se podría dar con mayor celeridad”, declaró.
Si deciden el camino del control de convencionalidad, plantearán el pedido ante el vocal supremo de instrucción que tiene el expediente Fujimori en vía de ejecución de sentencia.
Debido a que este vocal suele ser el menos antiguo de la Corte Suprema, el recurso recaería en el magistrado Jorge Castañeda Espinoza.
Carlos Rivera, de IDL, explicó que uno de los puntos que analizarán será quiénes son los jueces de la Sala Penal Especial a donde llegaría el caso si se presentara alguna apelación.
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“Tenemos que evaluar varios aspectos, pues si bien podría resolverse el caso en menor tiempo porque no tiene tantas causas judiciales, no sabemos quiénes integran la Sala Penal Especial y si están familiarizados con la naturaleza de los casos de graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó.
En el pedido de control de convencionalidad, a diferencia del amparo, sí se puede apersonar el abogado de Alberto Fujimori, como sucedió en el proceso por los crímenes de seis pobladores de Pativilca.
Se prevé, en cualquiera de los dos casos, que los abogados de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta se tomen una o dos semanas para presentar el recurso con el que empezará el proceso que determinará si es fraudulento el indulto humanitario a Alberto Fujimori.
Los avances o limitaciones durante el proceso se deberán informar a la Corte IDH, a más tardar, el 29 de octubre de este año.
Foto internet/medios
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